La niñez requiere una atención urgente

La violencia contra la niñez en la República Dominicana es un problema alarmante que requiere atención urgente y un enfoque integral. A pesar de los esfuerzos y las leyes existentes, como la Ley 136-03 que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, las cifras oficiales y los reportes de organizaciones como UNICEF pintan un panorama sombrío.

Un problema persistente y multifacético

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y UNICEF revelan que una gran parte de la niñez dominicana ha sufrido algún tipo de disciplina violenta. El 64% de los niños y adolescentes entre 1 y 14 años ha sido víctima de violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores. Además, un 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad, lo cual subraya la vulnerabilidad de este grupo. La impunidad es otro factor preocupante; en casos de abuso sexual, la tasa de impunidad es superior al 86%, lo que significa que la mayoría de los agresores no enfrentan la justicia.

Causas y consecuencias

Las causas de esta violencia son complejas e interconectadas. Factores como la pobreza, el desempleo, la desestructuración familiar y la falta de educación sobre la crianza positiva son detonantes clave. La violencia intrafamiliar y la falta de redes de apoyo social agravan la situación, creando un ciclo de abuso. La tolerancia cultural hacia la violencia como método de disciplina también contribuye al problema. Las consecuencias para los niños y niñas son devastadoras y de largo alcance. El maltrato infantil está directamente relacionado con problemas de salud física y mental, como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y trastornos de conducta. A largo plazo, puede llevar a comportamientos de riesgo, bajo rendimiento escolar y una incapacidad para establecer relaciones saludables en la adultez.

El camino a seguir

Para combatir eficazmente esta lacra, es crucial un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad civil. Se necesita una mayor inversión en programas de prevención que aborden las causas subyacentes, como el apoyo a las familias vulnerables y la promoción de modelos de crianza no violentos. Es fundamental fortalecer el sistema judicial para garantizar que los casos de violencia contra la niñez sean investigados y sancionados con celeridad y sin impunidad. El CONANI (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia), como ente rector, debe coordinar y supervisar de manera más efectiva la implementación de las políticas de protección. Finalmente, la educación y la sensibilización pública son esenciales para cambiar las normas culturales que toleran el abuso, promoviendo un ambiente donde los niños y niñas puedan crecer en paz, con dignidad y seguridad. La protección de la niñez no es solo un deber legal, sino un imperativo moral para el futuro de la nación.