Publicado en Editorial, hace 2 semanas
La reciente ola de denuncias sobre presuntos actos de represión y maltrato policial en Barahona ha encendido las alarmas de la sociedad dominicana. Es imperativo que investiguemos a fondo estas acusaciones y tomemos medidas contundentes para garantizar que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sean respetados.
La función de la Policía es proteger y servir a la comunidad. Sin embargo, cuando los agentes encargados de velar por el orden público se convierten en perpetradores de abusos, se socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y se crea un ambiente de miedo e inseguridad. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables, sin importar su rango o posición.
Además de las investigaciones individuales, es necesario abordar las causas estructurales que pueden estar fomentando estos comportamientos. Una reforma policial integral, que incluya una mejora en la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas, es indispensable para garantizar que los agentes actúen siempre dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos.
Asimismo, es crucial promover una cultura de diálogo y colaboración entre la Policía y la comunidad. Los programas de acercamiento comunitario pueden ayudar a construir puentes de confianza y a fomentar una relación más positiva entre las fuerzas del orden y los ciudadanos.
La violencia policial no es un problema aislado. Es un reflejo de una sociedad con profundas desigualdades y una cultura de impunidad. Para erradicar este flagelo, es necesario un esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil.
En definitiva, la situación en Barahona exige una respuesta firme y decidida. No podemos permitir que la violencia policial se convierta en la nueva normalidad. Es hora de actuar para garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir en un entorno seguro y justo.