Mafia inmobiliaria: fraude que el gobierno ignora

Luis Castillo

La compra de una vivienda representa uno de los mayores logros para una familia, especialmente para la diáspora dominicana, que trabaja arduamente en el extranjero con la esperanza de asegurar un hogar digno en su país natal.

Sin embargo, lo que debería ser una inversión segura y estable, en muchos casos, se convierte en una pesadilla debido a la falta de regulación en el mercado inmobiliario dominicano. Constructores y promotores inescrupulosos siguen operando con total impunidad, estafando a cientos de familias, mientras el gobierno de Luis Abinader sigue sin tomar medidas concretas para frenar este abuso.

Los fraudes en el sector inmobiliario han alcanzado niveles alarmantes. Algunas de las prácticas más comunes incluyen:

1. Venta de propiedades inexistentes o duplicadas: Hay constructoras que venden más apartamentos de los que realmente construyen, dejando a muchas familias sin hogar y sin la posibilidad de recuperar su inversión.

2. Aumento unilateral de precios: Compradores que adquieren viviendas “en plano” descubren que al momento de la entrega, el precio ha subido hasta un 40%, obligándolos a pagar una suma adicional o perder lo que ya habían abonado.

3. Constructoras fantasma: Empresas que operan con documentos aparentemente legales, pero que luego desaparecen sin entregar los proyectos prometidos, dejando a los compradores en un limbo legal.

4. Bancos y financiamientos abusivos: Existen bancos que imponen cláusulas ocultas en los contratos de préstamos hipotecarios, como penalizaciones excesivas por pagos adelantados o la imposibilidad de abonar al capital de la deuda.

Mayor víctima

La diáspora dominicana, que envía miles de millones de dólares al país cada año, es uno de los grupos más afectados por esta mafia inmobiliaria. Muchos dominicanos residentes en el exterior invierten sus ahorros de toda una vida en la compra de una vivienda en República Dominicana, solo para descubrir que han sido estafados.

Al no estar físicamente en el país, les resulta aún más difícil reclamar sus derechos, y cuando buscan justicia, se encuentran con un sistema legal lento e ineficaz que muchas veces favorece a los estafadores.

A pesar de las múltiples denuncias, el gobierno dominicano ha sido indiferente ante este problema. No hay una legislación clara y efectiva que garantice la transparencia en las transacciones inmobiliarias, ni existen sanciones severas para los responsables de estas estafas.

Es inconcebible que en pleno siglo XXI, cuando la tecnología permite rastrear y verificar cada transacción, en República Dominicana aún se permita la venta fraudulenta de viviendas sin consecuencias.

Si el gobierno de Abinader realmente estuviera comprometido con el bienestar de los dominicanos, ya habría implementado medidas como:

1. Un Registro Nacional de Propiedades donde cada vivienda tenga un historial único y rastreable, evitando la venta duplicada.

2. Regulación estricta de las constructoras y promotoras inmobiliarias, asegurando que solo operen empresas certificadas y con respaldo financiero.

3. Protección a los compradores, obligando a las constructoras a respetar los precios acordados y estableciendo sanciones severas para quienes incumplan.

4. Un mecanismo de denuncia rápido y efectivo, con tribunales especializados en fraudes inmobiliarios para garantizar justicia en tiempos razonables.