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¡No hay excusas Señor Presidente!

Publicado en Todo Incluido, hace 1 mes

El pasado lunes 22 de los corrientes escuché al Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, hacer un llamado a la oposición en el sentido de que dejen de ser hipócritas y de hacer politiquería respecto a la aprobación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.

Hablaba en esos términos reprochándoles a los partidos de oposición las críticas severas que hicieran a dicha Ley, al igual que lo hiciera el resto de la sociedad, por considerar dicha pieza legislativa un atentado a la legalidad y a la seguridad jurídica, además de ser contraria a la Constitución dominicana.

Agregaba el Presidente que la ley “duró dos años en el Congreso discutiéndose, entonces los mismos que la aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que la aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo”.

La verdad que me sorprendió el escuchar a la máxima autoridad de la Nación queriendo justificar la aprobación y posterior promulgación de dicha Ley bajo el pretexto de que la misma fue aprobada y “consensuada” por todos los partidos políticos.

Siendo el Presidente el Jefe de Estado, y por ende, garante de la legalidad y seguridad jurídica en nuestro país, no puede, en modo alguno, pretender buscar excusas, y mucho menos, inculcar a terceros una fragante violación al ordenamiento jurídico y a la Constitución dominicana.

Como Jefe Supremo de la Nación, señor Presidente, usted es el garante de que exista en el país un régimen de legalidad sustentado en la seguridad jurídica, por lo tanto, han resultado un tanto desafortunadas las justificaciones dadas por usted para la aprobación de dicha Ley.

Con la autoridad propia de su investidura, y a sabiendas usted que dicha pieza atentaba contra el ejercicio libre de la expresión y la Constitución, no debió nunca promulgarla, y, en consecuencia, vetarla y remitirla de nuevo al Congreso para que se hicieran los ajustes de lugar.

Por más que se haya consensuado y santiguado la referida ley, era su deber, señor Presidente, el no darle curso a ese adefesio jurídico.

La consolidación del proceso democrático en nuestro país, requiere necesariamente que se respete y fortalezca de manera más efectiva el principio de legalidad debidamente consagrado como garantía para todos los dominicanos por nuestra Ley fundamental.

Más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignadas en la Constitución.

Su respeto o su inobservancia marcan la diferencia entre un Estado democrático o aquel que se distingue por ser autoritario.

El Poder Ejecutivo es el encargado de guardar y hacer guardar tanto el ordenamiento supremo de cada Estado como las leyes que de él se deriven.

Él tiene que cumplir tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas, precisamente porque es el encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes que emanen del ordenamiento supremo.

Todo esto nos da a entender que ciertamente ante el atentado al ordenamiento jurídico y a la Constitución dominicana provocado por la aprobación y promulgación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia: “no hay excusas señor Presidente”.

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