Obispos piden al Gobierno proteger pueblos fronterizos para evitar emigración

Santo Domingo.- Los obispos de la iglesia católica pidieron al Gobierno más oportunidades para los pueblos de la región fronteriza, alegando que esa medida detendría la emigración de sus habitantes.

Monseñor Diómedes Espinal, obispo de la diócesis en el municipio de Mao, provincia Montecristi, y presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana (CEP) junto a monseñor Andrés Romero Cárdenas, de Barahona, pidieron este miércoles al Congreso Nacional, que para proteger a esos habitantes, apruebe la modificación y extensión de la Ley 28-01 de Incentivos Fronterizos.

A esta petición, que se hizo a través de un documento firmado,  también se sumó monseñor José Dolores Grullón Estrella, de la diócesis de San Juan de la Maguana.

“Cada vez más se hace necesario que el pueblo dominicano, y sobre todo aquellos quienes los gobiernan, asuman la responsabilidad constitucional de velar por este territorio, favoreciendo la gente que aquí permanece como centinela protector de la identidad y la territorialidades”, expresa el manifiesto público.

Los prelados católicos, agregan que por años los fronterizos han reclamado hasta la saciedad mejor suerte para su gente, “y consideramos muy poco lo que el Estado ha implementado, ya que vemos muy escasas las oportunidades de avance que la frontera se pueden lograr”,

Indicaron que una de las principales conquistas lo constituye la Ley 28-01, de Incentivo Fronterizo, que por ordenanza del artículo 10 y ratificación del artículo 221 de la Constitución de la República, que aducen, ha podido materializar un esquema de impulso empresarial, y más aún motorizar la economía de gran parte del territorio de las siete provincias que integran el circuito fronterizo, en especial las zonas Norte.

Los líderes religiosos subrayaron que con el consenso de grupos organizados de la región fronteriza, la participación de prominentes y destacados juristas del quehacer constitucional, “hemos apoyado una iniciativa de modificación de la Ley 28-01, que ha sido debatida en las comisiones de la Cámara de Diputados, y entendemos que sin demoras, y muy a pesar de las presiones de ‘grupos’ económicos adversos, el Congreso Nacional debe sancionar y aprobar dicho proyecto para que las empresas ya instaladas puedan permanecer y nuevas puedan instalarse”.

Advierten que son miles de empleos los que están en juego, porque muchas empresas, al no tener sus incentivos, les convienen más estar cerca de Santo Domingo, y con ello está el peligro de destruir economías de familias humildes y desprotegidas.