Publicado en Editorial, hace 9 horas
La reciente revelación de la denominada “Operación Lobo” ha sacudido una vez más los cimientos de la confianza pública en la República Dominicana. A medida que los detalles emergen, se configura un patrón lamentablemente familiar: el de la corrupción sistémica que parece permear diversas esferas de nuestra sociedad. Esta nueva trama, aún en desarrollo, amenaza con profundizar la ya arraigada percepción de impunidad y de un Estado cooptado por intereses particulares.
Aunque los pormenores de la “Operación Lobo” apenas comienzan a desvelarse, la información preliminar apunta, una vez más, a la malversación de fondos públicos, al tráfico de influencias y al enriquecimiento ilícito de individuos que, presuntamente, debían velar por el bienestar colectivo. Resulta descorazonador constatar cómo, a pesar de los constantes llamados a la transparencia y la rendición de cuentas, persisten y se reinventan los mecanismos para desfalcar al erario y defraudar la esperanza de la ciudadanía.
La corrupción no es un delito sin víctimas. Cada peso desviado de las arcas del Estado es un peso que deja de invertirse en educación de calidad, en un sistema de salud robusto, en infraestructuras que impulsen el desarrollo o en programas sociales que alivien la pobreza. La “Operación Lobo”, si se confirman las acusaciones, representa un golpe directo al progreso y a la posibilidad de construir una República Dominicana más equitativa y próspera para todos.
Es imperativo que las autoridades competentes actúen con la mayor celeridad, independencia y contundencia posible. No basta con la detención de algunos implicados; es fundamental que se llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar cuán altos sean los rangos o cuán poderosas sean las conexiones de los involucrados. Solo así se podrá enviar un mensaje claro y contundente: que la impunidad no será tolerada.
La sociedad dominicana, cansada de ser testigo de un ciclo interminable de escándalos, exige justicia. Exige que se esclarezcan los hechos, que los culpables respondan ante la ley y que se recuperen los bienes sustraídos al pueblo. La “Operación Lobo” no puede ser un episodio más en la larga lista de casos de corrupción que quedan en el olvido. Debe ser un punto de inflexión que marque un antes y un después en la lucha por la institucionalidad y la moral pública.
El futuro de la nación depende en gran medida de nuestra capacidad para erradicar este flagelo. La ciudadanía debe permanecer vigilante y demandar con firmeza que esta operación, y cualquier otra que emerja, se traduzca en una verdadera depuración y en el fortalecimiento de los pilares de nuestra democracia. Solo así podremos aspirar a construir una República Dominicana donde la ética y la probidad sean la norma, y no la excepción.