Otorgan prórroga al Ministerio Público para concluir investigación en caso Hugo Beras y Jochi Gómez

Santo Domingo.- El Ministerio Público obtuvo una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación contra los implicados en el caso Operación Camaleón, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), entre otros.

La decisión fue tomada por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó el 8 de octubre como fecha límite para para la presentación de la acusación formal.

Durante la audiencia, el equipo litigante del Ministerio Público estuvo encabezado por el director de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acompañados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.

“El Ministerio Público presentó la solicitud de prórroga amparado en una serie de elementos que hicieron al tribunal reflexionar sobre que, efectivamente, el plazo inicialmente otorgado, conforme a la norma procesal penal, era insuficiente para culminar la investigación”, explicó Ortiz al salir de la audiencia.

La magistrada señaló que los procedimientos aún en curso no obedecen a negligencia ni retraso institucional, sino al “gran cúmulo de evidencias que tiene este caso, sobre todo, evidencia de índole tecnológica que han dificultado la culminación de ciertas experticias”.

El caso y los implicados

Además de Beras y Gómez Canaán, están siendo investigados: Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.

Los imputados son señalados como miembros de una red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.

Dichos ilícitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, así como en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal. También se aplican la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando; la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

Con la prórroga otorgada, el Ministerio Público cuenta ahora con un nuevo plazo legal para completar las diligencias pendientes y formalizar las acusaciones ante los tribunales.