Padres temen por sus vidas tras liberar presunto asesino de su hijo

San Cristóbal.- Prágida Matos Pérez y Santo Valerio expresaron este viernes su impotencia e indignación luego de que el Segundo Juzgado de Instrucción de San Cristóbal variara la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario al presunto asesino de su hijo Willi Díaz, en un hecho ocurrido en octubre del año 2023.

Los familiares del fallecido denunciando Limardo de los Santos circula libremente en las calles y emite amenazas tanto a ellos y como a los testigos del hecho de sangre.

“La jueza (Licelot Casado) lo tiene en su casa, yo quiero justicia, esto no se puede quedar así, como si fue un perro que mató”, clamó Prágida Matos, quien estalló en llanto.

Los progenitores de Willi exigen que De los Santos vuelva a la cárcel de Najayo, donde fue enviado por la citada muerte, considerando que estando en arresto domiciliario sus vidas están en peligro. “Es un asesino que ha quitado la vida a varias personas”.

Asimismo, denunciaron que la audiencia donde cambiaron la medida de coerción, fue conocida por la magistrada en ausencia de ellos, ya que, supuestamente no le notificaron para que asistan ante el tribunal ese día.

Díaz Matos fue ultimado el 29 de octubre de 2023 en la calle principal de San José, Piedra Blanca, Haina, a las 3:30 de la mañana. Según el expediente, el acusado disparó varias veces contra la víctima utilizando un arma de fuego ilegal, una pistola Glock 26, color negro, con número de serie AHRV792.

De acuerdo con la acusación, el hecho se produjo cuando la víctima transitaba en una motocicleta Suzuki AX 100, color negro, con placa No. K0765945. En ese momento, el imputado, a bordo de un vehículo negro, y sin mediar palabras, le disparó varias veces.

Posteriormente, el acusado se presentó junto a su abogado en el destacamento de los Bajos de Haina, donde fue arrestado. Durante su detención, las autoridades confiscaron el arma homicida.

Limando de los Santos es procesado por homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley de Armas.