Participación Ciudadana advierte sobre lentitud judicial en casos de corrupción administrativa

Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana denuncia la persistente lentitud en los procesos judiciales relacionados con corrupción de alto nivel. La misma está contenida en su quinto informe trimestral del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, correspondiente al período marzo-mayo de 2025.

En esta entrega, la organización enfatiza que los casos continúan estancados por incidentes procesales, ausencias de imputados o abogados, y congestión en los tribunales responsables de conocer los expedientes más complejos.

Además, en cumplimiento de la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional, el observatorio ha dejado de utilizar los sobrenombres asignados originalmente por el Ministerio Público, como «Operación Coral» o «Antipulpo», para referirse a los casos, y ahora los identifica por los nombres de los principales imputados.

Tribunales sobrecargados

El informe señala que tanto el Primer como el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional enfrentan una sobrecarga que afecta el ritmo de los procesos. Esta situación llevó al Poder Judicial a excluir temporalmente a ambos tribunales del sistema aleatorio de asignación de casos.
El Primer Tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, tiene bajo su cargo el expediente contra Adán Cáceres y compartes, así como más de 50 casos adicionales, incluyendo la quiebra de la Financiera Oriental.

Mientras tanto, el Segundo Tribunal, presidido por Claribel Nivar Arias, conoce los casos contra Alexis Medina, Jean Alain Rodríguez y otros procesos complejos como los de Pascual Cabrera y Money Free.
Casos destacados

Caso Alexis Medina y compartes

Este proceso ha mostrado un ritmo de audiencias más estable. El tribunal ha celebrado once sesiones desde el 17 de marzo, luego de rechazar una solicitud de extinción penal. En ese período, el Ministerio Público, la Empresa Distribuidora de Electricidad y el Estado Dominicano presentaron sus conclusiones. También han comenzado a presentar sus defensas los principales imputados, entre ellos Fernando Rosa y Magaly Medina.

Caso Adán Cáceres y compartes

Se celebraron diez audiencias, centradas principalmente en la presentación de pruebas y testigos del Ministerio Público. Aunque ha habido suspensiones por licencias médicas, el proceso ha mantenido una frecuencia razonable. La participación de múltiples testigos y peritos ha marcado este tramo del juicio.

Caso Jean Alain Rodríguez y compartes

El juicio de fondo aún no ha iniciado. Luego de la recusación del Cuarto Tribunal Colegiado, el caso fue asignado al Segundo Tribunal. Durante este período, la medida de coerción del exprocurador fue variada a libertad pura y simple. La audiencia para iniciar el fondo del caso fue reprogramada para el 23 de junio.

Caso Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes
Tras la presentación de la acusación en abril de 2024, la audiencia preliminar sufrió múltiples aplazamientos. Razones médicas, recusaciones y desgloses han retrasado por casi un año el inicio formal. Finalmente, el 2 de mayo comenzó la lectura de la acusación.

Caso Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes
En este proceso aún no se ha presentado acto conclusivo. Todas las medidas de coerción fueron levantadas, incluyendo el impedimento de salida del país a Jochi Gómez, lo que generó tensiones con el Ministerio Público. La jueza de control, Patricia Padilla, fue recusada por la fiscalía tras esa decisión.

Evaluación del sistema

Participación Ciudadana recordó que desde octubre de 2023 venía solicitando medidas concretas al Consejo del Poder Judicial para descongestionar los tribunales que conocen casos de corrupción. La exclusión temporal de los tribunales más sobrecargados fue valorada como un paso positivo, aunque tardío.

“El Consejo del Poder Judicial tiene la responsabilidad de asegurar que los casos complejos estén en manos de jueces con tiempo y condiciones adecuadas, para evitar la percepción de que los poderosos pueden escapar a la justicia”, cita el informe.

La organización concluye que, si bien se han registrado avances puntuales, el sistema aún no garantiza la agilidad ni la transparencia que demandan estos casos emblemáticos para la lucha contra la corrupción en República Dominicana.