Participación Ciudadana estima represiva la política migratoria de República Dominicana

Santo Domingo.- El Estado dominicano tiene una política migratoria represiva y populista, que violenta derechos fundamentales de los migrantes, irrespetando su propia legalidad, y fue muy lamentable el fallecimiento de una haitiana en El Seibo que por temor a ser deportada no acudió a un hospital, afirmó esta mañana la coordinadora nacional de Participación Ciudadana, Leidy Blanco.

“No estamos hablando de negación de atención médica, estamos hablando de represión, de el temor de estas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que por temor a ser detenidas no se acercan a los hospitales, y prefieren poner sus vidas y las de sus hijos en peligro”, afirmó.

La política migratoria del Estado dominicano viola derechos fundamentales de los migrantes y provoca tragedias

Añadió que “el Estado Dominicano tiene una política migratoria populista, violentando su misma legalidad y el principio fundamental que se afianza el Estado de Derecho que es la dignidad humana”.

Sostuvo que el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración número 285-04 recoge ampliamente el tratamiento que debe darse a las mujeres embarazadas, cuando en su artículo 134 Artículo 134 del Decreto No. 631-11, establece que la detención es una medida excepcional y que no se utilizará en casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes.

“Sin embargo en la práctica hemos visto todo lo contrario, y esto tiene graves consecuencias como la vista donde una mujer embarazada de nacionalidad haitiana falleció por temor de buscar asistencia médica”, resaltó la coordinadora de Participación Ciudadana.

El temor a la deportación disuade a embarazadas de buscar atención médica, aumentando la mortalidad maternal

Blanco añadió que “este es el rostro de la deshumanización de un plan migratorio que a todas luces vulnera derechos, lo lamentable es que esa joven fallecida no será la única, vendrán más números fríos en estadísticas que ampliará la mortalidad materna”

Opinó que para las mujeres en estatus migratorio irregular, el plan del gobierno lo provoca es que disuade a estas embarazadas a que no busquen atención médica por miedo a ser detenidas.

“Y esto es solo producto de la misma violencia del Estado dominicano. ¿Dónde quedó la dignidad humana propia de un estado de derecho y la mismas garantías que establece el reglamento de la ley migratoria?”, se preguntó la dirigente de la entidad cívica.

El pasado viernes murió  en su vivienda una parturienta haitiana que vivía en El Seibo, y que no acudió al hospital a parir por temor a ser deportada a su país.

Lourdia Jean Pierre tenía 32 años, dejó en la orfandad cuatro hijos.

Su esposo, Ronald Jean, también inmigrante indocumentado, quien hizo la denuncia narró que su cónyuge se negó acudir a centro sanitario por temor a ser deportada, llamó al 911, pero cuando llegaron ya estaba muerta.

Organizaciones denuncian represión y vulneración de derechos en hospitales contra haitianos en situación irregular

La vida de muchos haitianos enfermos en República Dominicana está en peligro porque “la gente tiene miedo de ir al hospital” y ser expulsada, según la ONG Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), que asegura que el vecino país viola el protocolo bilateral sobre repatriación de migrantes.

En una entrevista concedida a EFE, la coordinadora del GARR, Katia Bonté, denuncia esa vulneración, así como la “persecución” a embarazadas en los hospitales dominicanos y la inacción de las autoridades de Haití ante las deportaciones masivas de haitianos en situación migratoria irregular desde República Dominicana.

Medidas duras La presencia de militares y agentes de la Dirección General de Migración en los hospitales es una de las 15 disposiciones implementadas por el gobierno para enderecer su lucha contra la migración haitiana ilegal.

El pasado 7 de abril el Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con que se busca endurecer las penas contra este delito.