Participación ve turbio fondos privados captan los partidos políticos

Santo Domingo.- La financiación privada que partidos y candidatos dominicanos reciben para costear sus campañas electorales es la más opaca de América Latina, afirma estudio “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes 33-18 de Partidos y 20-23 del Régimen Electoral”, presentado por Participación Ciudadana (PC).

La investigación descubre que la normativa electoral vigente no incorpora régimen de consecuencias para quienes incumplan las disposiciones relativas al reporte de finanzas de campaña.

Alerta que esta ausencia de sanciones crean un clima de inmunidad a la rendición de cuentas para los candidatos e incentiva el subreporte de ingresos reales, la entrada de dinero ilícito, la subordinación de la política a los intereses privados, inequidades en la competición electoral y una espiral de costos crecientes de campañas, más allá de los topes de gasto establecidos.

“El secretismo alrededor del origen y de las cuantías individuales de los fondos privados captados por los candidatos para financiar su campaña, garantiza el anonimato para los donantes, arrebatando a la sociedad civil un instrumento para fiscalizar el cumplimiento normativo y conocer los intereses económicos o políticos detrás de las candidatura”, previene a manera de instructivo para corregir, la encuesta realizada por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, con el patrocinio de la Unión Europea.

Agrega que la falta de transparencia malogra los fines de promover una decisión de voto informada en la ciudadanía y monitorear los potenciales conflictos de interés o tratos de favor hacia los financiadores de los cargos electos.

El informe dado a conocer esta semana, con la opinión de 1,200 encuestados y la comparación del sistema electoral, la democracia y los partidos políticos dominicanos respecto al de países de Latinoamérica, analiza críticamente las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas sustanciales orientadas a fortalecer la democracia.

Destaca que si bien la normativa electoral dominicana incorporó en su última actualización del 2023 algunos requisitos parciales, estos no son observados ni aplicados en la práctica.

Observa que el artículo 218 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral, exige que los partidos reporten a la Junta Central Electoral (JCE) un presupuesto general al inicio de la campaña, incluyendo entre otros aspectos, una nómina de posibles contribuyentes y una estimación de la cuantía de los fondos privados que prevén recaudar en el proceso.

Apunta que este mandato legal alude a los partidos, de manera que implícitamente los candidatos no están sujetos a la obligación de facilitar a la JCE un listado de sus posibles donantes al momento de la proclama electoral.

Además, la obligación de reportar la identidad y las cuantías de los aportes individuales que los candidatos reciben durante la campaña, no se hace explícitamente extensible como requisito a los informes de gastos e ingresos que la ley manda sean presentados una vez concluida la contienda.

Proporcionalidad y sesgo de mayoría representativa

El diagnóstico señala que el sistema electoral de la República Dominicana produce representación parlamentaria con un marcado sesgo mayoritario bipartidista que beneficia desproporcionadamente al vencedor de las elecciones y castiga severamente a terceras fuerzas políticas

En base a datos de la JCE de los resultados de la elección a la Cámara de Diputados, en las elecciones del 2024, muestra la relación entre votos y escaños: El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados obtuvo un toral de 2,568,543 votos, para un 60.18 % del voto, 146 escaños, igual a 76.84. La Fuerza del Pueblo (FP) y aliados 779,393 votos, un 17.84 % del sufragio, 29 escaños, para un 15.26 %.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados 75,182 votos, equivalente a un 1.76 %; un diputado, representando el 0.53 %.

El Partido Cívico Renovador (PCR) y aliados 34,774 votos, igual a un 0.8 %, lo que le dio un legislador.

“Con un 60 % del voto, el PRM y aliados logran una mayoría en la Cámara de Diputados que supera holgadamente la mayoría cualificada de dos tercios. Esta súper mayoría en ambas cámaras, confiere al partido de gobierno control absoluto del proceso legislativo, permitiéndole reformar la Constitución, aprobar leyes orgánicas y nombrar miembros de instituciones clave sin necesidad de consenso con otras fuerzas del arco parlamentario”, destaca el informe de Oliva Álvarez.

Observación

A manera de recomendaciones, el informe de PC establece que las reglas que rigen la escogencia de diputados nacionales adulteran gravemente el fin para el que es creado un distrito electoral no territorializado: compensar las distorsiones en la representación, producidas por el efecto mayoritario en la distribución de escaños dentro de circunscripciones pequeñas, favoreciendo la proporcionalidad y la inclusión de partidos minoritarios con un apoyo significativo.

En este aspecto, los datos de PC concluyen sobre la incipiente desinstitucionalización del sistema de partidos en la República Dominicana, con factores como una política vacía de contenidos programáticos, intercambio clientelar predominando en la vinculación partidos-sociedad y elementos perversos en la configuración del financiamiento público, están detrás de esta creciente desconexión entre la formaciones políticas y la ciudadanía.