Policía Nacional tras la pista de sicarios del cartel de Sinaloa

Santo Domingo.-  Mientras se conoce en Cotuí la solicitud de medidas de coerción en contra de uno de los presuntos miembros de la banda de narcotráfico vinculada a un grupo de sicarios mexicanos del cártel de Sinaloa, en el Congreso demandan investigar cómo delincuentes transnacionales logran ingresar al país.

La Policía asegura que da seguimiento a cuatro miembros de los Rugrats, brazo armado de la facción del cártel de Sinaloa encabezada por Isamel Zambada.

Para legisladores como la diputada Seline Méndez, el hecho de que se haya comprobado la presencia de una célula de sicarios vinculados al cártel de Sinaloa es una señal de alerta extrema. Asegura que urge un plan contundente para evitar que se expanda en el país la organización.

“Nos llena de mucha preocupación y es alarmante que el crimen organizado ya esté a ese nivel y yo entiendo que inmediatamente tenemos que tomar todas las medidas de lugar”, señaló Selinée Mendez, congresista.

Otros congresistas sostienen que la presencia de integrantes de Los Rugrats no es algo fortuito. Creen que estos grupos llevan tiempo operando bajo perfil, expandiendo sus redes de narcotráfico, sicariato y lavado de activos a la vista de los organismos de seguridad.

Para el diputado oficialista Ramón Bueno, blindar las fronteras y reforzar la vigilancia es fundamental. Por lo que advirtió que este tipo de organizaciones criminales no se instalan sin un objetivo claro, por lo que es vital que los cuerpos de inteligencia rastreen a todos sus posibles cómplices.

Un juez de la provincia Sánchez Ramírez, de acuerdo al colaborador Daury Reyes, conoció la medida de coerción a Yeyson Rojas Mosquea, donde acudieron decenas de personas a defenderlo de su supuesta vinculación con la red.

Rojas Mosquea supuestamente ordenó y pagó el asesinato del teniente retirado Juan Luis Castro Custodio, y planeó la muerte de José Francisco Del Orbe Peña, hecho ocurrido el pasado 10 de febrero en Cotuí.

Por estos hechos son buscados los principales sospechosos, los mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega.

El Ministerio Público, la Policía y la Dirección de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la DEA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dicen que continúan profundizando las investigaciones.