Procuraduría pidió nueva información sobre consorciados de Odebrecht en nuestro país

Santo Domingo.-  La Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas informaciones adicionales sobre todos los consorciados y/o empresas vinculadas a Odebrecht en República Dominicana.

Durante una audiencia celebrada ayer en la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, donde la empresa brasileña pide que se anule la resolución que la inhabilita provisionalmente como proveedora del Estado, Contrataciones Públicas informó que el Ministerio Público les envió una carta que dice que tienen unas investigaciones penales en curso.

Odebrecht interpuso un recurso de amparo contra la resolución 08-2017, amparada en el acuerdo firmado con la Procuraduría en el que admite haber pagado US$92 millones en sobornos y se compromete a entregar el doble del monto dado a funcionarios y exfuncionarios públicos.

“Queremos hacer hincapié de que el acuerdo, como hemos dicho, es solamente un acto suspensivo de la acción penal. No se le ha entregado a la Dirección General de Contrataciones Públicas un acto conclusivo que exponga las condiciones que se establecieron en la propia resolución que le permitan evidenciar que ciertamente la motivación estuvo”, expresó la abogada Yasmín Cerón.

“Y si tuviéramos todavía duda, cabe destacar, y así hemos depositado en los documentos que están en el expediente administrativo, que a principio de este mismo año la Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas otras informaciones adicionales de todas las empresas que están vinculadas a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, y en la cual ésta de manera muy clara señala y cito que dice que están solicitando la información de la investigación porque existen investigaciones penales en curso”, puntualizó.

La Constructora Odebrecht interpuso el amparo contra Contrataciones, el Ministerio de Hacienda y el Estado Dominicano. Los jueces Román Berroa, presidente, Vanessa Acosta y Merilaine Collado, se reservaron el fallo para una próxima audiencia.

Las entidades estatales pidieron declarar inadmisible el recurso de amparo por considerar que existen otras vías para hacer valer sus derechos. Afirman que lo que procede es un recurso contencioso administrativo. Y, de manera subsidiaria, pidieron rechazar el amparo por no estar basados en hechos que se correspondan con la realidad.

Contrataciones Públicas dijo, además, que para dar respuesta a las solicitudes que la constructora le ha hecho, se hace necesario que el Ministerio Público como ente que solicitó la inhabilitación, le remita un informe motivado para determinar si suspende de manera definitiva el registro de proveedor o lo rehabilita, sin embargo, esto no ha ocurrido a pesar de que se lo han pedido en tres ocasiones.

“Para poder dar respuesta a esa primera solicitud que hizo el hoy accionante a la Dirección General de que revocara la decisión, solicitamos a la Procuraduría General de la República, en tres ocasiones, que nos entregaran o que nos informaran si ciertamente había concluido la acción penal y que nos entregaran, además, las informaciones para las cuales la Dirección General pudiera decidir sobre la rehabilitación o no. Al día de hoy honorables magistrados estamos a la espera de las informaciones que debe remitirnos la Procuraduría General de la República ante los requerimientos de la Dirección General”, expresó Cerón antes de referirse a la solicitud de información que hizo el Ministerio Público.

La entidad que informó, el 21 de enero del 2017, la suspensión provisional del registro de la razón social Constructora Norberto Odebrecht, dijo a los jueces que el acuerdo homologado no puede constituirse, en modo alguno, en un acto conclusivo, y que la acción penal está suspendida hasta que se cumplan de pleno derecho las condiciones establecidas en el convenio.

El Ministerio de Haciendas afirmó que las condiciones del acuerdo no se han cumplido debido a que el último pago que tiene que hacer Odebrecht a la Procuraduría está programada para el 30 marzo del año 2025, por lo que resulta extemporáneo alegar que se ha extinguido la acción penal e investigativa como lo plantea la empresa constructora.

Robert Valdez, abogado de Odebrecht, pidió rechazar los medios de inadmisión planteados por las instituciones gubernamenta- les por considerarlas contrarias al buen derecho.