Proyecto de ley medios: una trampa disfrazada de derecho

No todas las cadenas suenan. Algunas se aprueban en el Congreso.
No todas las mordazas son visibles. Algunas se disfrazan de leyes que, mientras afirman proteger nuestros derechos, en realidad buscan silenciar nuestras voces.

El recién propuesto Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales es un ejemplo alarmante de esta peligrosa estrategia legislativa. Presentado como una actualización moderna, democrática y garantista, lo que realmente plantea es la creación de un aparato estatal —el INACOM— dotado de poderes desmedidos para vigilar, fiscalizar, clasificar, censurar, sancionar y controlar lo que se dice, se escribe, se transmite y se comparte en los medios tradicionales y digitales.

Esta ley, que en su forma pretende rectitud, en su fondo es un atentado directo contra el artículo 49 de la Constitución Dominicana, que garantiza la libertad de expresión sin censura previa, y que reconoce como inalienable el derecho de cada ciudadano a pensar y comunicar sus ideas sin miedo.

El artículo 49 no deja lugar a dudas. Es claro, conciso, preciso y completo. No requiere desarrollo legislativo adicional para ejercer su fuerza. Lo que sí requiere —con urgencia— es respeto. Cualquier intento de “regularlo” fuera de sus límites constitucionales es, en el fondo, una maniobra para restringirlo y someterlo.

Lo más grave es que esta propuesta no aparece en el vacío. Llega poco después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley 1-24, que otorgaba poderes extrajudiciales a la Dirección Nacional de Inteligencia. Es evidente que estamos frente a un patrón: una voluntad sistemática de esta partidocracia por restringir la crítica, acallar la disidencia y blindarse del escrutinio ciudadano.

La ley que hoy nos presentan habilita sanciones económicas desproporcionadas, impone obligaciones a plataformas digitales que podrían restringir el acceso a contenidos globales, y utiliza términos jurídicos ambiguos como “dignidad” y “moral pública”, dejados a interpretación del poder. Peor aún, centraliza todo este control en un órgano cuyos miembros son designados por el Presidente de la República.

No nos engañemos. Este proyecto de ley de “libertad de expresión” es, en realidad, una trampa disfrazada de derecho. El pueblo debe alzar su voz antes de que se la quiten.

Esto no es regulación. Es dominio. No es democracia. Es control. No es protección. Es una mordaza institucionalizada.

Y lo decimos sin ambigüedad: esta ley es incompatible con un Estado Social y Democrático de Derecho. Un modelo de nación que nuestra Constitución proclama, pero que la clase política rehúsa implementar. En vez de garantizar derechos, los condiciona. En vez de empoderar al pueblo, lo silencia. Y cuando el pueblo empieza a despertar, intenta legislar el miedo.

Lo advirtió Juan Pablo Duarte, padre de la patria y defensor de la voz popular:

“Mientras no se escuche en la República la voz del pueblo, el clamor de la patria, el grito de la libertad, no habrá paz ni tranquilidad en este suelo.”

Y es precisamente esa voz la que hoy se pretende apagar. Una ley que se presenta como garante de derechos, pero que en su estructura busca subordinar la conciencia crítica al poder de turno, no es progreso: es regresión. No es justicia: es silencio institucionalizado.

Frente a esta amenaza, no hay espacio para la indiferencia. Como ciudadanos, tenemos el deber patriótico de rechazar cualquier intento de limitar nuestras libertades fundamentales.

La palabra libre no se negocia. El pensamiento no se regula. La verdad no se censura.

Por eso, desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado firme al pueblo dominicano: A defender con dignidad nuestra libertad. A exigir la implementación verdadera del Estado Social y Democrático de Derecho.
Y a entender que la única vía para lograrlo es el empoderamiento ciudadano y la construcción de candidaturas independientes que rompan el cerco del sistema y devuelvan el poder a su verdadero dueño: el pueblo.

Porque no se puede legislar contra la conciencia. Porque no se puede encadenar la palabra sin asesinar la democracia. Porque no se puede callar un pueblo que ha decidido despertar.