Reforma policial y sistema penitenciario

La Policía y las cárceles son monstruos que se tragan a todos los que tratan de domarlos: ministros, fiscales, militares, asesores dominicanos y extranjeros. Al final, los presidentes, vencidos, tiran la toalla.

Son muchos los recursos invertidos en ambos esfuerzos y aunque se perciben avances, los problemas persisten y en algunas áreas parecen agudizarse.

Cuando se enviaron militares a poner orden, “disciplinar” a los grises, luego de algunas escaramuzas se “policializaron” rápidamente, con todas sus pecaminosas consecuencias.

Los fiscales llegaron a los cuarteles y departamentos policiales con rectitud de cura de pueblo, muchos prejuicios y sospechando de cada agente, pero después de recibir el revólver (“comando, eso le sale”) y algunas dosis sobre “la realidad de las calles” terminaron engullidos por los procedimientos non sancto. (No todos, consigno, antes de que me llamen algunos amigos y amigas).

Los ministros han sido baipaseados (diablos, la RAE la aceptó) por los oficiales policiales, esto facilitado o apoyado por los mandatarios, que no los refieren al superior inmediato. Los “jefes” de Policía, por una antigua y perniciosa tradición autoritaria siempre despacharon con los presidentes, ambos sintiéndose cómodos. La situación ha variado poco con los “directores generales”.

Ahora, con la figura de un comisionado, extranjero con nacionalidad dominicana, y civiles en asesoría superior y como consejeros por mandato presidencial, el asunto, muy delimitado por escrito en las órdenes ejecutivas, parece complejizarse. Según el diseño debería fluir, pero son evidentes camufladas resistencias.

Una primera comisión de reforma policial la encabezó Servio Tulio Castaños, vicepresidente de Finjus y luego, el 7 de enero del 2022 se creó por decreto la “Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Una semana más tarde fue designado Pepe Vila como “Comisionado Ejecutivo” del organismo que preside Abinader y que tiene de vicepresidente al ministro de Interior, Jesús Vásquez y miembro al ministro de la Presidencia. En otro decreto, 22-22, se designa a Servio Tulio como miembro.

En noviembre del 2021, Roberto Santana, designado un año antes asesor del Poder Ejecutivo en políticas de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario, fue instruido por el mandatario para que “coordine y dirija, en conjunto con el ministerio de Interior y Policía y su dependencia, la Policía Nacional, la reestructuración del Instituto Policial de Educación”.

Abinader tiene la voluntad de la reforma y ha aportado recursos y dispuesto mejoría económicas y sociales para los policías, cuentan cercanos al proceso, pero persisten dificultades operativas y saltos y extralimitaciones en roles, así como celos territoriales.

Parece que el temperamento del español dificulta la cohesión, quien al “mudarse” para el palacio policial ha tenido roces con oficiales, como el divulgado encontronazo con el general Brown Pérez, quien habría sido desplazado de la dirección del “Área Especializada de Análisis y Documentación Delictiva” a solicitud de Vila. Sobre el conflicto ha habido silencio oficial.

El atajo de las ejecuciones de supuestos o reales delincuentes es otro tema que atenta contra una reforma policial a profundidad que elimine viejos esquemas que reflejan coyunturales y falsas soluciones.

Con relación a las cárceles y la reforma del sistema penitenciario, estaríamos reculando ya que no se ha agregado ni una celda en esta administración y Las Parras, con capacidad para 8 mil reclusos y piedra de un escándalo de corrupción judicializado, aún no sido habilitado. Frustrada la aspiración de imponer el nuevo sistema penitenciario antes de concluir mandato de 4 años.

La Victoria y otros centros, incluidos los controlados por militares siguen como mercados de drogas, armas, celulares, comidas…

Otra mala noticia: Patricia Lagombra ya no está al servicio del sistema penitenciario.