Rodríguez Huertas clama al presidente Abinader: “No permita esta ignominia” de Código Penal

Santo Domingo.- El país se encuentra frente a una encrucijada histórica. Mientras el reloj legislativo corre hacia el 5 de agosto, fecha límite de la legislatura extraordinaria, el Congreso Nacional se apresta a aprobar una nueva versión del Código Penal que ha sido cuestionado por expertos y sectores sociales, quienes la califican como un retroceso.

Para el abogado constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas, se trata de mucho más que una reforma jurídica: es una agresión legislativa a la dignidad humana, especialmente de las mujeres.

 El exembajador de República Dominicana ante el Reino de España, señaló un patrón recurrente en la cultura política dominicana: aprovechar los cierres legislativos para “tratar de sacar una serie de proyectos que son los más conflictivos”, a su juicio, como una forma de vencer cualquier resistencia y responder estrategia.

Un Código Penal de retroceso

El Congreso está utilizando las condiciones jurídicas para llevar a cabo una agenda que mezcla dogmas religiosos con un pensamiento machista y de atraso, contrario a la Carta Magna.

Para Rodríguez Huertas, el contenido del proyecto que se discute representa un retroceso en el respeto a los derechos humanos, con artículos que penalizan de forma excesiva y discriminatoria, especialmente a las mujeres.

Durante su participación Olivo Rodríguez citó varios artículos de la Constitución que se enmarcan en el respeto a la dignidad humana, entre ellos el Artículo 5 de la Constitución.

Las tres causales

El principal punto polémico en la pieza legislativa, es la exclusión de las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo en situaciones extremas:

Cuando la vida de la madre está en riesgo

Cuando el feto sea inviable con la vida

Cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto

El abogado recordó que: “históricamente estas excepciones han estado fundadas. Ahora, si no existe un régimen jurídico claro y específico, un asunto que conlleva consecuencias desde el punto de vista penal genera inseguridad jurídica. Ese médico que tenga que salvar la vida de una mujer en una circunstancia como esta obviamente no querrá ir a la cárcel”.

Además, señaló que, si no están predeterminadas en la normativa las bases de un protocolo, la situación se complica. En relación con las otras dos causales que atentan contra la integridad física y moral de las mujeres que también están recogidas en la Constitución, en su opinión, “bajo ningún concepto pueden ser aprobadas”.

El jurista aclaró que no es partidario de que se haga del aborto “un deporte”, pero enfatizó que: “hay circunstancias en las que resulta totalmente irracional, absurdo y violento obligar a una mujer a continuar un embarazo después de haber sufrido violencia. Esa obligación, sumada a la ausencia de un régimen claro de protección para los médicos, conlleva una situación de muerte”.

Indicó que se trata de complacer el punto de vista religioso: “desde la visión religiosa se quiere trasladar los dogmas de la fe a una sociedad como norma del derecho positivo. Por eso mi crítica es que desde hace 125 años se ha intentado imponer esa visión.”

Feminicidio

Al igual que las tres causales, uno de los puntos polémicos de la nueva pieza legislativa es el tratamiento del feminicidio, que incorpora condicionantes, como que el cuerpo de la víctima tiene que ser exhibido, violado o torturado.

Para el jurista, se trata de que “todo va en perjuicio de las mujeres y de instrumentos de protección a través de penas muy suaves cuando se trata de asuntos a violaciones de derechos humanos”.

Rodríguez Huertas describió que los condicionamientos incluidos en la propuesta “buscan garantizar que la conducta no puede ser probada y establecida contra los hombres”. Advirtió que, al someter esos casos, cuando los tipos de violencia que pueden originar el tema del feminicidio en determinadas circunstancias, se busca crear una obstáculo jurídico que neutralice el impacto de la legislación.

En su opinión, detrás de esa estrategia hay una intención: restar eficacia a los instrumentos de protección y evitar que la ley emita un mensaje claro. “Lo que debe haber es desde la legislación penal un mensaje contundente para aquellas bestias que incurren en esos abusos contra las mujeres que llegan incluso a atentar contra la vida de las mujeres porque la consideran su posesión”, expresó.

A las mujeres, la ley las castiga

Rodríguez Huertas enfatizó el trato que se le otorga a las mujeres en este proyecto: desde la penalización del aborto, incluyendo las víctimas de violación, hasta las débiles sanciones en casos de violencia sexual. “Entonces se trata de un Código Penal que encierra o encubre una actitud machista”, expresó.