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San Juan, no temas que se cumpla la ley

Publicado en La Voz del Sur, hace 2 años

Por: Fernando González Nicolás-

La comunidad de San Juan de la Maguana no de­be de temer a que el Estado Domi­nicano cumpla con la ley y autorice los estudios del pro­yecto minero de Romero.

Los estudios ambientales y sociales que requiere la ley son los que determinarán có­mo un posible desarrollo mi­nero afectaría a San Juan. Como impactaría su agua, su medioambiente y su agricul­tura.

La ley minera de la Repúbli­ca Dominicana rige los pro­cesos de exploración y de las posibles explotaciones mine­ras. Para así garantizar que el desarrollo minero no afecte el medioambiente, ni las co­munidades.

En el caso de San Juan, el Es­tado autorizó a una empresa canadiense, británica y sui­za, a explorar minerales en esa región. Esta empresa en­contró oro, después de años de exploración y de invertir más de 30 millones de dóla­res.

Una vez la empresa encon­tró oro, procedió a satisfa­cer los requisitos que exige la ley y solicito el permiso pa­ra realizar los estudios. Estos son los que determinarían la factibilidad de una explota­ción minera y confirmarían el apoyo social de la comu­nidad. Llevar a cabo los es­tudios no tiene perjuicio pa­ra San Juan. Al contrario, es un seguro que protege a la comunidad de que no se per­mitirán errores. La aproba­ción de los estudios no sig­nifica que se autoriza una explotación minera.

Es oportuno también seña­lar que la comunidad super­visará la ejecución de los es­tudios y así garantizar estos se hagan seria y profesional­mente. En la actualidad ba­sado en los hechos, influ­yentes sectores de San Juan y del país han concluido en apoyar se hagan los estu­dios. Entre estos sectores se encuentra la Iglesia Católi­ca, congresistas, técnicos in­dependientes y el empresa­riado. Además, el Ministerio de Energía y Minas después de verificar que la empresa cumplió con la ley, procedió a recomendar formalmente a que se autoricen los estu­dios correspondientes.

Ahora le toca al Estado cum­plir con la ley y aprobar los estudios, para que así la Re­publica Dominicana refuer­ce su imagen internacional como destino atractivo a la inversión extranjera.

Además, enviar un mensaje que en este país se respeta la seguridad jurídica, elemen­to clave para los inversio­nistas.

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