Siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno desaparecido: la violencia política que sacude Michoacán, México

Ciudad de México.- La violencia ligada al crimen organizado ha convertido al estado de Michoacán en uno de los lugares más peligrosos para ejercer un cargo público en México. En los últimos cuatro años, siete alcaldes han sido asesinados, cinco atacados y uno continúa desaparecido, en medio de una escalada de amenazas y atentados contra funcionarios municipales.

El caso más reciente fue el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre mientras encabezaba un acto público en pleno centro de la ciudad. Su muerte elevó a siete la lista de presidentes municipales ultimados durante la actual administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, iniciada en octubre de 2021.

Los crímenes comenzaron el 8 de febrero de 2022, con el hallazgo del cuerpo de Enrique Velázquez Orozco, edil de Contepec por el PRI, desaparecido dos días antes. Le siguió, el 11 de marzo, César Arturo Valencia Caballero, alcalde del PVEM en Aguililla, asesinado dentro de su vehículo.

En abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco (PRI), fue baleado en una taquería de Morelia. Dos meses después, el 3 de junio, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa panista de Cotija, fue asesinada tras haber sido secuestrada meses antes en Jalisco.

En junio de 2025, la violencia volvió a golpear con el homicidio de Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, atacada frente a su vivienda.

Antes de Manzo Rodríguez, la víctima más reciente había sido Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, cuyo asesinato reavivó las alertas sobre la inseguridad que enfrentan las autoridades locales.

Un alcalde desaparecido y casos impunes

A la lista de asesinatos se suma el caso del presidente electo de Penjamillo, Gilberto Mejía Salgado, desaparecido desde el 29 de junio de 2021. Fue secuestrado por un grupo armado mientras abría su negocio en el centro del municipio. Cuatro años después, no hay avances en la investigación ni rastros de su paradero.

Pese a esta ola de violencia, el gobernador Ramírez Bedolla declaró recientemente que “ningún alcalde ha solicitado protección adicional”. Aseguró mantener comunicación constante con los municipios y dijo que su gobierno “ha estado al pendiente de cada caso”.

Michoacán se ha convertido en epicentro de disputas entre grupos del narcotráfico como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha dejado cientos de comunidades atrapadas entre la violencia y el miedo.
Los alcaldes, en muchos casos, se ven obligados a gobernar bajo amenaza o a pactar con las bandas para poder ejercer sus funciones.

Expertos en seguridad coinciden en que la impunidad es el principal motor de esta crisis: los asesinatos de funcionarios rara vez se esclarecen, y las estructuras criminales continúan operando con libertad en vastas zonas rurales.

En menos de un sexenio, Michoacán ha pasado de ser un estado agrícola y turístico a una región marcada por la violencia política, el control territorial del narco y la ausencia del Estado, mientras las comunidades y autoridades locales viven con el miedo como parte de su cotidianidad.