Sobre política migratoria hacia indocumentados de Haití : Es un disparate y una barbarid dijo Rosario Espinal

Santo Domingo.- La politóloga Rosario Espinal expresó fuertes críticas hacia la política migratoria del presidente Luis Abinader, hacia indocumentados en su mayoría procedentes de Haití, calificando el contexto actual como un momento donde «la crueldad está de moda». Durante su análisis, señaló que esta situación no es exclusiva de República Dominicana, sino que refleja una tendencia global de crueldad tanto por parte de los gobiernos como de la sociedad.

Espinal destacó que República Dominicana permitió históricamente una entrada significativa de inmigrantes haitianos sin documentarlos, lo que facilitó su explotación laboral y la falta de reconocimiento como trabajadores formales. «Es barbaridad, es un disparate. Los haitianos están aquí porque son la mano de obra de la agricultura y la construcción,» afirmó la especialista .

Según la experta, este flujo migratorio estuvo acompañado de sobornos y prácticas irregulares que, en su opinión, fueron conocidas y en cierto modo propiciadas por el gobierno de la época.

Además, denunció la existencia de un sistema de sobornos del que se benefician militares y policías, mientras los inmigrantes haitianos son empleados en condiciones precarias.

Amnistía Internacional y política hacia Haití

Amnistía Internacional (AI) reiteró este viernes la denuncia sobre las políticas migratorias racistas en República Dominicana, a cuyo Gobierno pidió cumplir con “sus obligaciones internacionales” de respetar y garantizar “el derecho a defender derechos humanos sin discriminación de quienes luchan contra el racismo estructural en el país».

Las autoridades dominicanas “deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes”, señaló en un comunicado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.

De lo contrario, afirmó, “estas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana».

De acuerdo con Amnistía, las autoridades locales “deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones antiderechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación».

Esto incluye garantizar el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana que quedaron en situación de apatridia por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 y poner fin “a la política migratoria racista que se basa en expulsiones colectivas de personas haitianas y el perfilamiento racial contra personas negras”, añadió.