Publicado en Nacionales, hace 7 años
García y Lockward también solicitaron un auto de fijación de audiencia y que se ordene provisionalmente la suspensión de la resolución dictada el 21 de mes en curso.
“El día 21 del corriente la JCE dictó la citada resolución, apenas a horas de haberse publicado la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en violación al debido proceso establecido por la Constitución de la República en sus artículos 69, 138 y en la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo”, agregó.
Explican en la solicitud que la resolución fue dictada sin que transcurriera el plazo mínimamente razonable para su necesaria discusión e información: “la ciudadanía no había terminado de leer la nueva Ley, cuando ya había un reglamento parcial, un acto de ligereza contrario a toda lógica”.
Aseguraron que dicho acto entra dentro del ámbito de competencia de la Ley107-13, que en su artículo dos dispone que la misma tiene por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administración pública.
Recordaron que el TSA tiene la competencia para dictar medidas cautelares suspendiendo resoluciones de la JCE, y recordaron cuando suspendió la resolución número 05-2016 a solicitud del Partido de la Liberación Dominicana que distribuía la cantidad de diputados de la provincia Santo Domingo, entre otras.