Publicado en Nacionales, hace 5 horas
Santo Domingo.- Los trámites del pago en el Cementerio han retrasado la exhumación de una de las víctimas de la tragedia del Jet Set, a la que por error no se le hizo autopsia para determinar causa de su muerte, informó hoy el abogado de la familia de la víctima, Ángel Lockward.
El representante de los familiares de Ruth Elisa Seija Jerez explicó que están a la espera de que la Procuraduría General de la República establezca la hora y el día que se procederá a la exhumación del cadáver para proceder a realizarle las experticias correspondientes a fines de determinar la causa de la muerte.
“El lío es porque había que pagar un dinero al cementerio para sacar el cadáver y se está tramitando el pago, es por eso es que no lo ha terminado hacerse el proceso”, explicó.
Luego del desplome, Seija Jerez Jerez había sido enviada a un centro médico, que entregó el cuerpo a la familia, en vez de enviarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para que determine la causa de la muerte, informó hoy a El Nacional una fuente ligada a la investigación. El jurista explicó que a ella le expidieron un acta de defunción que certifica que falleció de muerte natural, cuando fue como consecuencia del techo que le cayó encima.
“Al haber expedido un acta de defunción por una causa que no era y para que no haya tropiezo con el proceso que se ha iniciado por parte de su familia es necesario que se proceda a exhumar los restos y a someterlos a una experticia que determine de manera forense la causa de la muerte”, dijo.
Insistió en la necesidad de que se haga una experticia forense para establecer claramente la causa de la muerte y hacerlo constar en el acta de defunción.
“No creemos que eso tenga un ingrediente doloso, sino que haya sido por un error en la evacuación de un acta de defunción incorrecta y hace falta corregirla para las acciones que se desprendan del caso.
Lockward, representante de los familiares de Seija Jerez, anunció que apelará hoy la decisión judicial que dispuso la libertad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario y otros delitos.
Lockward adujo que la magistrada Fátima Veloz disponía de un abanico de medidas coercitivas, desde la prisión preventiva hasta el arresto domiciliario, pero que no valoró el alcance de los daños causados en el centro de diversión.
Sostiene que el tribunal, al imponer fianza, impedimento de salida y presentación periódica, comparó la fianza por contrato con un accidente de tránsito, ignorando el principio de proporcionalidad ante un hecho que causó 236 muertos y 180 heridos.