Tribunal Constitucional conoce en audiencia pública diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad

Santo Domingo.– El expediente TC-01-2011-0018 con el que inició la sesión fue pospuesto por ausencia de las partes, siendo los accionantes Josefina Juan Vda. Pichardo, Reemberto Pichardo Juan y Hermes Guerrero con el que se atacaba la Ley Número 294-11, sobre Presupuesto General de la nación y que emanó del Congreso Nacional, constituido por el Senado y la Cámara de Diputados.

La magistrada primera sustituta del presidente del TC, Leyda Margarita Piña, encabezó la sesión en ausencia del magistrado Milton Ray Guevara, quien cumplía compromisos en México, donde asistió a un encuentro de presidentes de cortes y tribunales constitucionales.

El segundo expediente: TC-01-2014-0005 quedó en estado de fallo y estuvo ausente el accionante, Edwin Rafael Marte de León, quien atacó el artículo 6 de la Ley Número 252-12, que eleva la sección de Barranca, provincia La Vega, a la categoría de Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La norma emanó del Senado y la Cámara de Diputados.

El Pleno del TC decidió otorgar 5 días de plazo a los representantes del accionante para presentar documentos de réplica, tras lo cual, el caso queda en estado de fallo. Se trató del expediente: TC-01-2014-0013 con Rosa Feliz Romero como accionante, atacando la resolución número 1615, del 30 de septiembre de 1958 (ii) Oficio núm. 2142, de 12 de mayo de 1964; (iii) Oficio núm. 3496, de 12 de junio de 1964; (iv) Ley Núm. 248, de 12 de junio de 1964; (v) Certificado de Título núm. 3000019133, de 11 de mayo de 2011. Las normas atacadas emanan del Senado y la Cámara de Diputados de la República, el Poder Ejecutivo: y el Registrador de Títulos de la provincia de San Cristóbal. Sandra Demorizi Santos representó al accionante y Jerry de Jesús Castillo y Meglys Gil representaron a la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Por otro lado, se dejó en estado de fallo el expediente: TC-01-2014-0015, en el que figuró como accionante Copy Solutions International, S.R.L.; representado por Carlos Jiménez, que atacó los artículos 36, 38, 67, 71, 72 y 75 de la Ley número 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley número 449-06. El Senado y Cámara de Diputados son la autoridad de donde emanó la norma.

La alta corte dejó también en estado de fallo el expediente TC-01-2014-0016, la magistrada Ana Miledy Hernández fue la accionante, atacando el artículo 44 y Transitorio Primero de la Ley Número 28-11 y la Resolución número 23-1912, que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Poder Judicial. También emanaron las normas atacadas Senado y Cámara de Diputados de la República y el Consejo del Poder Judicial.
En ese orden, los jueces decidieron dejar en estado de fallo el expediente: TC-01-2014-0017, figurando como accionantes el Sindicato de Empleados de Tiendas La Sirena (Grupo Ramos) y determinados ciudadanos, quienes atacaron los Artículos 42, parte final; 44.1; 51.5; 75, párrafo final; 93; 100, parte final; 109; 110; 190; 259; 260; 390; 434; 619; 626, parte final y 641 del Código de Trabajo. Las normas atacadas: emanaron del Senado y Cámara de Diputados de la República.
En el expediente TC-01-2014-0018, Teófilo Abreu Polanco actuó contra el Artículo 5, Párrafo III, del Decreto 122-07, del 8 de marzo de 2007 y la norma emanó del Poder Ejecutivo. Los accionantes estuvieron ausentes y Procurador General Adjunto Ricardo José Taveras Cepeda, representó también al Poder ejecutivo por encargo del Consultor

Jurídico, en adición a su condición de Ministerio Público y la alta corte declaró la acción en estado de fallo.
Mientras que el TC otorgó plazos de cinco días en el octavo y noveno expedientes para dejarlos en estado de fallo. En el TC-01-2014-0021 accionaron la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD); Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago (ACIS); Mercasid, S.A.; Induveca, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Bepensa Dominicana, S.A.; Brugal & Co., S.A.; Grupo Rica, S.A.; Industrias Aguayo de Construcción, S.R.L.; Frito Lay Dominicana, S.A; y Productos Chef, S.A. Wanda Perdomo Ramírez les representó y se atacó el artículo 35, literal f, de la Resolución núm. 2719-05, de 13 de septiembre de 2005; el Artículo 25.2 de la Resolución núm. 46-99, del 12 de marzo de 1999, que modifica la Resolución 06/2004, de 14 de enero de 2004; Artículo 15, literal f, de la Resolución S/N, de 11 de febrero de 2004.

La Sala Capitular de los Ayuntamientos del Municipio de Santiago de los Caballeros; Distrito Nacional; y del Municipio de Puerto Plata fueron la autoridad de donde emanó la norma atacada. Carlos Salcedo representó el cabildo del Distrito Nacional. Asimismo, en el TC-01-2014-0022 Wellington Mateo Ramírez atacó la Ley núm. 491, del 19 de diciembre de 2008, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726 del 1953, sobre Procedimiento de Casación la norma atacada emanó del Senado y Cámara de Diputados de la República.

También se dejó en estado de fallo el décimo expediente: TC-01-2014-0023 y accionó Viatcheslav Karpetskiy, quien o atacó la Sentencia núm. 627-2014-00283, dictada por la Corte de Apelación, en atribuciones penales, del Departamento Judicial de Puerto Plata el 10 de junio de 2014. El acto emanó de la Corte de Apelación, en atribuciones penales, del Departamento Judicial de Puerto Plata.

Además de la magistrada en funciones de presidenta, Leyda Margarita Piña Medrano, participaron en la audiencia pública, los magistrados Víctor Gómez Bergés, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez, Idelfonso Reyes, Hermoges Acosta de los Santos y Rafael Díaz Filpo. Asimimo las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla.