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Con la firma de una orden ejecutiva, Trump puso en marcha una de sus principales promesas de la campaña electoral, la de construir un muro en la frontera sur, y prometió que eso reforzará las relaciones con México, que ha expresado su rechazo a esa idea y se ha negado a pagar la factura de la gigantesca pared fronteriza.
“El aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica está dañando tanto a EEUU como a México, y creo que las medidas que tomaremos a partir de ahora aumentarán la seguridad en ambos países; van a ser muy, muy buenas para México”, añadió.
En una entrevista con la cadena ABC News, Trump precisó que la construcción del muro empezará en cuestión de “meses” y aseguró que, aunque el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar la construcción, ese pago será “reembolsado por México”, que se hará cargo del “cien por cien” del coste de la edificación.
Las medidas de Trump llegan menos de una semana antes de la visita prevista a Washington del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el mismo día en que el canciller mexicano Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mantenían reuniones en la Casa Blanca para preparar ese encuentro de alto nivel.
En total, Trump firmó dos decretos que llaman a “la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sur” del país, así como a crear más centros de detención para indocumentados y a “acelerar la deportación” de aquellas personas cuyas pretensiones legales de permanecer en Estados Unidos “hayan sido rechazadas legalmente”.
El presidente ordenó también la ampliación del número de agentes de control fronterizo y la interrupción de ciertos fondos federales a las llamadas “ciudades santuario” como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, que protegen de la deportación a los indocumentados.
Las ciudades, condados o estados llamados “santuario” -que se calcula son 300 en todo Estados Unidos- cumplen con las leyes migratorias, pero rechazan cooperar con programas voluntarios que estén destinados a ayudar a las autoridades migratorias federales a identificar, detener y deportar a los indocumentados.
