Un informe preocupante

La reciente denuncia de Participación Ciudadana sobre la lentitud exasperante con la que avanzan los casos de corrupción administrativa en República Dominicana es un llamado de atención urgente que no podemos ignorar. Esta organización, pilar fundamental de la veeduría social, ha puesto el dedo en la llaga de uno de los males que más socavan la confianza ciudadana y el desarrollo institucional.

La percepción de impunidad que se genera cuando expedientes de alto perfil se estancan en los laberintos judiciales o administrativos, envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la idea de que la corrupción es un riesgo calculable y, en ocasiones, rentable.

Es imperativo que las autoridades competentes, desde el Ministerio Público hasta el Poder Judicial, asuman con la seriedad que amerita esta preocupación, pues de su celeridad y eficacia depende la credibilidad del sistema.

Esta tardanza injustificable no solo frustra las expectativas de justicia, sino que también debilita el andamiaje democrático.

Cuando los casos de corrupción se prolongan indefinidamente, se erosionan las pruebas, se olvidan los detalles y se pierde el ímpetu inicial de la investigación. Esto no solo afecta la posibilidad de sancionar a los responsables, sino que también desincentiva futuras denuncias y colaboraciones ciudadanas. Es un ciclo vicioso que beneficia a los corruptos y perjudica a la nación.

La lucha contra la corrupción no puede ser una declaración de intenciones vacía; requiere de una voluntad política firme, recursos adecuados y, sobre todo, una actuación judicial y fiscal expedita y transparente.

La sociedad dominicana demanda resultados concretos y no meras promesas. La denuncia de Participación Ciudadana debe ser un punto de inflexión para que se revisen los protocolos, se asignen los recursos necesarios y se establezcan plazos razonables para la resolución de estos casos.

La agilidad en la justicia, especialmente en temas de corrupción administrativa, no solo garantiza la reparación del daño al erario, sino que también envía un mensaje contundente de que la Eimpunidad no será tolerada.

Es hora de pasar de la preocupación a la acción, demostrando que la República Dominicana está comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, con una verdadera justicia para todos.