Una reforma fiscal será inminente en el próximo Gobierno

Santo Domingo.- Los impuestos han sido el cimiento central del desarrollo de los países, ya que gracias a la eficaz y clara recaudación tributaria los gobiernos pueden impulsar el bienestar social, al cumplir con el suministro de los servicios públicos que demanda la población.

Sin embargo, la baja recaudación y el alto gasto público que presenta República Dominicana, entre otros factores, han hecho que el país todavía no logre la solución a las necesidades básicas que se plantea resolver desde hace años.

A propósito del 2020, un año en el que habrá un cambio en la administración del Estado, vuelve a surgir la inquietud sobre la urgencia de que el próximo Gobierno impulse una reforma fiscal integral a inicio de su mandato.

El director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, descarta la posibilidad de que esto ocurra en lo que resta de gestión del presidente Danilo Medina. No obstante, señala que cualquier discusión sobre un pacto fiscal habrá de ponerse sobre la mesa a partir de agosto, cuando se inaugure la nueva gestión.

“…Yo fui el primero que lo dijo en el 2016, tenemos el Sistema Tributario más complejo de América Latina, con todo el esfuerzo que se está haciendo en recaudación y todos los avances, las recaudaciones están creciendo 12% y se han hecho muchas cosas como por ejemplo fiscalizar personas físicas, pero sigue siendo un sistema complejo, entonces también es complejo para el contribuyente, pero además es difícil recaudar”, reiteró.

Sugirió que, aunque el objetivo sea mantener la recaudación, vale la pena hacer una reforma tributaria para simplificarlo. “Ahora si ustedes creen que el pacto eléctrico es difícil, hacer una reforma (tributaria) a través de un pacto es muy complicado porque al final cada sector quiere su exención, etcétera…”.

Estas declaraciones no se alejan de los planteamientos de los empresarios Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS); y Radhamés Martínez Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Así como tampoco de las proyecciones de los economistas Miguel Collado Di Franco, Antonio Ciriaco Cruz y Rafael Espinal Fernández, quienes coinciden en que el sistema tributario dominicano no resiste la postergación de una “profunda” reforma que se adecúe a los nuevos tiempos y acorde a la realidad del país. El Código Tributario tiene en vigencia casi 28 años.

La ejecución de una reforma tributaria integral en el país, concuerdan Filpo y Martínez Álvarez, es tanto una necesidad como un mandato que está contenido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. “Este proceso estaba previsto para llevarse a cabo en el año 2015, sin embargo, todavía no ha iniciado”, subraya Martínez.

A juicio del presidente de la ACIS, es importante que los gobiernos, y cualquiera que resulte electo en los próximos comicios, estén convencidos de que la única forma de que el crecimiento económico que ostenta el país se convierta en mayor bienestar social es a través de un pacto fiscal.

De igual forma, la ejecutiva de la AIRD sostiene que un nuevo Gobierno es el “momento propicio para abocarnos” a la discusión de un pacto fiscal que conlleva una reestructuración y racionalización del gasto público para hacerlo más eficiente y así beneficie más a la población.

Entiende que disminuir la informalidad, agregar nuevos contribuyentes al sistema, reducir los subsidios innecesarios (“como es el caso del sector eléctrico”), y hacer frente a las nuevas formas de hacer negocios, así como minimizar los costos de los sectores productivos para que puedan generar más empleos y mayores riquezas, son de los grandes retos que presenta esta nación.

“Es imprescindible buscar la manera de que más contribuyentes estén en la base tributaria, este porcentaje tan alto de informalidad resta ingresos al Estado y, al mismo tiempo, genera competencia desleal a los que sí pagan impuestos”, recalcó Circe Almánzar.

A mediados del pasado año, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, declaró que el país tiene un Código Tributario sumamente complejo y se mostró de acuerdo con la sugerencia de algunos sectores que demandan un cambio del mismo. La dirección de la entidad explica que “más adelante” volverá a tratar el tema.

Economistas

En 2019 el déficit, indica Espinal Fernández, coordinador del programa de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), representó aproximadamente 2.7% del producto interno bruto (PIB), aunque la estimación original en el Presupuesto era de 1.7% del PIB, equivalente a RD$75,000 millones, pero terminó el año en alrededor de RD$130,000 millones, si se considera, dice, la deuda flotante del gobierno central y la autorización de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de endeudarse con la banca comercial.

“Para 2020 en el Presupuesto se consigna que para el pago de intereses de la deuda del sector público no financiero (SPNF) se dedicará el 23% de los recursos tributarios recaudados por las autoridades, además se proyecta un déficit de RD$110,000 millones y una programación de contratación de deuda pública por valor de RD$246,000 millones y hay una demanda social insatisfecha en temas clave de salud, seguridad ciudadana e infraestructura”, dice Espinal Fernández.

Resalta que se trata, indudablemente, de una realidad fiscal con un marcado poco espacio para una ejecución presupuestaria sostenible, razón por lo que las nuevas autoridades que dirigirán el país entre 2020 y 2024 deberán considerar una reforma por dos vías: reestructuración de gastos y aumento de la presión tributaria.

Para Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), lo ideal es que las autoridades que asuman el poder aprovechen el “capital político” que le daría haber ganado las votaciones para emplearlo en “una reforma seria y profunda para eliminar las distorsiones que existen en el sistema tributario dominicano”.

Mientras que Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), indica que la historia de las votaciones en República Dominicana muestra que durante los años electorales el gasto público se “desajusta” y posteriormente se hacen reformas tributarias.

No obstante, deja a un lado cualquier posibilidad de que se haga algún tipo de reformas, “de ninguna índole”, en los primeros meses de 2020, debido a que los sufragios, afirma, imponen un alto costo político, en particular al partido oficial.

Impacto económico

Espinal Fernández subraya que de llevarse a cabo una reforma en este 2020 tendría, en el corto plazo, un impacto en el crecimiento económico. Asegura que debido a las políticas expansivas del gasto deficitario el crecimiento se ha “apalancado” en el déficit público durante los últimos años.

“Sin embargo, ese crecimiento no es sostenible en el largo plazo y podría degenerar en una crisis y un ajuste que tenga duras consecuencias sociales”, advierte el docente e investigador del Intec.

“Es preferible una administración moderada de transformaciones fiscales y cambios estructurales que garanticen un crecimiento más lento, pero sostenible hasta 2030”, añade.

Proyectos en el Congreso Nacional

El economista Di Franco recuerda que actualmente está en el Congreso, a la espera de su aprobación, un proyecto que elaboró el CREES con la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), sobre una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la cual está incluida en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y otro anteproyecto que hizo con Francisco Canahuate, experto tributario y uno de los responsables del Código Tributario del año 1992.

Indicó que el país puede tomar su propia experiencia con las reformas que impulsó en la década de 1990. Resalta que en esa ocasión se bajaron las tasas impositivas, se eliminaron una serie de figuras impositivas distorsionadoras y se aumentaron las bases.

Señala en que la única manera de aumentar las recaudación o presión tributaria, “si es lo que se quiere”, es tomando elementos de la reforma de 1992.

Más recaudación sin reforma fiscal

Otros sectores, en cambio, han planteado que no es “urgente” llevar a cabo una reforma tributaria para aumentar las recaudaciones. Según el informe “Hacia un sistema tributario más eficiente en República Dominicana”, publicado por el Banco Mundial (BM) en 2017, el Estado dominicano puede incrementar los ingresos tributarios en un 4% del PIB sin subir las tasas de los impuestos ya existentes.

Para lograr ese objetivo, establece el BM, el país debe mejorar la eficiencia del sistema tributario y disminuir las pérdidas por evasión fiscal, fraude y mala gestión. Lineamientos que concuerdan con los que promueve el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y la DGII, entidades que sostienen trabajan para combatir la evasión mediante la incorporación de cambios e innovaciones tecnológicas.

Sin embargo, plantea que las pérdidas en la eficiencia recaudatoria por las prácticas antes mencionadas respecto al ITBIS, están entre las más altas de América Latina y el Caribe.

En su informe, el órgano acepta que el país tiene un enorme crecimiento económico en comparación con la región, pero advierte que la recaudación de impuestos, en promedio, entre 2004-14 fue de 13.4% del PIB, “inferior al promedio regional del 14.3%”.

Otra forma de contribuir a una “sustancial mejora” en la eficiencia recaudatoria de la DGII, conforme al economista Espinal Fernández, es disminuyendo las exenciones fiscales actuales y reducir las “muy altas” porcentuales que existen en el ITBIS y el impuesto sobre la renta de las sociedades.

“Esto significa que para mejorar la administración pública impositiva debe trabajarse más seriamente en los castigos al delito de evasión, disminuir los vasos comunicantes que permiten la elusión fiscal con leyes de incentivos desfasados y eliminar definitivamente los privilegios y connivencias que prevalecen en la administración del sector público, con mayor transparencia fiscal y menos corrupción”, advierte Espinal.

Mientras que el vicedecano de Economía de la UASD entiende que las recaudaciones tributarias “no aumentarían lo suficiente” sin un pacto fiscal que incluya y analice: la mejoría y eficiencia del gasto público, el combate masivo a la evasión y elusión fiscal, que debido a este último, asegura, en el país existe una “gran informalidad tributaria”.

Asimismo, el presidente de la ANJE expresa que los niveles de informalidad del país son tan altos que, a pesar del trabajo de la DGII, se necesitan de otros tipos de intervenciones para poder solucionar este problema estructural.

Cita que en el informe de Doing Business 2020, elaborado por el BM, el país se ubica en una posición “muy desfavorable” en el indicador de “pago de impuestos”, ocupando el puesto 150 entre 190 países. Otros análisis, resalta ANJE, se refieren a un 40% de evasión solamente en el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y un 60% sobre el impuesto sobre la renta (ISR).

Por otro lado, aclara que reducir la evasión fiscal no es el único objetivo de una reforma. “Nuestro norte debe ser, a la vez, elevar la calidad del gasto, con miras a convertirnos en un país competitivo, con un clima favorable al emprendimiento y que permita a las empresas innovar y crecer. Para llegar ahí, es vital contar con una estructura fiscal consensuada y adecuada”, expone Martínez.

En ese sentido, Di Franco indica que es un error enfocar el tema tributario solo a las recaudaciones. Lo que se debe hacer, asegura, es eliminar las distorsiones creadas en las modificaciones al Código Tributario desde 2000.

Considera también que se debe atraer o incluir a mayor cantidad de contribuyentes que ahora. “No está incluyendo a muchos sectores. Hay muchas extensiones, hay mucha elusión, hay mucha evasión”, detalló.

Elementos clave

Para el economista del Intec, una nueva reforma tributaria debería considerar: aumentar la base imponible con reducción de la informalidad y de los incentivos a sectores y actividades no justificadas; reducir tasas de ITBIS y del impuesto sobre la renta, aunque en escala progresiva para gravar la riqueza ociosa y premiar al pequeño empresario que se formalice en el sistema impositivo.

También mejorar el gasto público, eliminar nóminas paralelas e informales e instituciones ineficaces y ejecutar presupuesto en base a metas, resultados y evaluaciones.

En tanto, para el ejecutivo de ANJE es imprescindible, entre otros elementos, colocar topes al endeudamiento público.

Beneficios

Los empresarios de la ACIS y la ANJE sostienen que la discusión de un pacto fiscal es una gran oportunidad para, además, mejorar la situación actual de la deuda pública y la calidad del gasto, junto a la reducción del déficit fiscal, y por añadidura, dice Martínez Álvarez, impactarían la operatividad y gestión de “nuestras empresas”.

“Es lo que aspiramos todos los sectores organizados”, precisa Filpo tras indicar que si se quiere que esta nación se encamine a la institucionalidad y se dé solución a problemas como salud, educación, seguridad y enfrentar los retos que trae la “cuarta revolución industrial”, el gobierno y el empresariado deben sentarse en la mesa del diálogo para definir las políticas tributarias a corto, mediano y largo plazos.

Pues debido a la “rigidez” que presenta el sistema tributario actual, señala el presidente de la ANJE, dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente para los emprendedores y las micro, pequeña y mediana empresa.

Debates sobre reformas

Los candidatos a legisladores y a la Presidencia de la República, aún no han fijado, de manera clara, una propuesta contundente sobre el tema de la reforma tributaria.

La ANJE expresó su interés de que los candidatos a cargos electivos se sumen a los debates electorales que celebra esta asociación. “En los debates electorales que celebraremos en los próximos meses, específicamente en los debates a nivel congresual y presidencial, esperamos escuchar los planes de los candidatos al Senado y a la Presidencia del país sobre este tema particular”, precisó.

¿Pasará como el 4% para Educación?

El pacto educativo, que consistió en implementar el 4% del PIB a ese sector, a partir del 2013, conquistó el apoyo de toda la población dominicana en su momento. Para la ANJE lo mismo estaría sucediendo con un pacto fiscal.

“Repetidas veces vemos en los medios de comunicación reclamos sociales para que se realicen inversiones en determinados sectores económicos, se eficientice y mejore la calidad del gasto público, se reduzcan y eliminen los niveles de informalidad en el país para fomentar la competencia justa y equitativa”, describe Martínez.

Para el economista del Intec los factores de carácter político populistas e intereses de sectores económicos nacionales que capturan las instituciones públicas y diseñan estructuras administrativas públicas a través del Congresos Nacional y de otros mecanismos políticos impiden que muchos gobiernos no se encaminen a este tema.