Vicepresidenta Raquel Peña toma juramento a Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda

Santo Domingo.- Tras la juramentación del ministro de Hacienda, Magín Díaz, la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la República Dominicana continuará por el camino del crecimiento y el desarrollo, disfrutando de una macroeconomía sana.

La funcionaria calificó la designación de Díaz como un acto de continuidad, rigor y transparencia por parte del presidente de la República, Luis Abinader.

Durante el acto de juramentación, celebrado en el despacho ministerial, la vicepresidenta destacó la amplia experiencia del nuevo titular de Hacienda y reconoció el valioso trabajo realizado por el ministro saliente, José Manuel “Jochi” Vicente, durante casi cinco años.

Al asumir el cargo, el nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, destacó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación para seguir fortaleciendo la estabilidad económica de la República Dominicana.

El destacado economista, ingeniero industrial especializado en Finanzas Públicas y Macroeconomía, fue designado ayer por el jefe del Estado como ministro de Hacienda mediante el decreto núm. 386-25.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda saliente, Jochi Vicente, se mostró confiado en que esa institución queda en buenas manos debido a la trayectoria profesional de su sucesor, a quien manifestó todo su respaldo.

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El ministro Magín Díaz tiene una trayectoria de más de dos décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional.

Desempeñó el cargo de subsecretario de Finanzas durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y en el Ministerio de Hacienda actuó como viceministro de Política Fiscal y de Crédito Público, consolidándose como una de las figuras técnicas clave en procesos de reforma y negociaciones con organismos internacionales.

Desempeñó el cargo de director general de Impuestos Internos durante el cuatrienio 2016-2020.

Además, ha sido asesor y consultor de varias instituciones públicas nacionales, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial y de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice y Uruguay.