Publicado en Nacionales, hace 4 horas
Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este lunes que los procesos legales que ha iniciado por difamación en su contra representan una oportunidad para sentar precedentes en el uso responsable de las plataformas digitales y los medios de comunicación.
“Hay que respetar el honor y la dignidad de las personas, que es un derecho fundamental que garantiza la Constitución Dominicana”, afirmó al referirse a los procesos judiciales abiertos por alegadas declaraciones difamatorias en su contra.
La funcionaria se expresó en estos términos al salir del tribunal, donde reiteró que continuará el proceso para defender su honor.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el viernes 18 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, quien enfrenta acusaciones de difamación e injuria por parte de la ministra.
Raful reclama una indemnización de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50, 000,000.00) por los daños y perjuicios supuestamente causados por Jorge, a raíz de declaraciones emitidas a través de plataformas digitales. En el documento depositado ante la Procuraduría General de la República, la ministra afirma que dichas expresiones han afectado su integridad moral, así como la de su familia.
La querella solicita además que se reconozca su constitución en actor civil conforme a los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal, y se autoricen todas las diligencias necesarias para completar la investigación.
Raful también interpuso una segunda acción legal contra el autodenominado detective Ángel Martínez, quien habría participado en la difusión de las mismas acusaciones. Aunque Martínez ha ofrecido disculpas públicas, el abogado de la ministra, Miguel Valerio, sostuvo que “no ha reconocido la falsedad de sus afirmaciones”, las cuales —según indicó— afectaron directamente la vida privada de Raful y de su entorno familiar, incluyendo a un hijo menor de edad.
“Esto no se trata de un simple perdón. Aquí hay implicaciones graves que afectan la vida privada y la imagen pública de la ministra y su entorno familiar”, señaló Valerio.
La audiencia de medida de coerción contra Ángel Martínez será conocida este lunes 8 de julio, a las 12:00 P.M., por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.