Publicado en Nacionales, hace 4 horas
Santo Domingo.- Destacados juristas consideran como idónea y basada en derecho la medida de coerción dictada a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario en el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, que dejó un saldo trágico de 236 personas fallecidas y más de 200 heridas.
Los abogados Wander Matos y Carlos Novas aseguraron que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, actuó conforme al derecho y a las pruebas presentadas, al imponer una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los involucrados.
“Estamos frente a un caso que, de producirse una condena, la pena es de seis a dos años de cárcel, por lo que sería desproporcional con la prisión preventiva”, consideró Matos.
En ese sentido, explicó que los jueces no actúan para hacer feliz a la sociedad, detallando que el Código Penal es claro y preciso: estamos frente a un homicidio involuntario.
Mientras que el togado Novas exhortó al Ministerio Público a ser objetivo al momento de solicitar medida de coerción. “Cuando una persona tiene arraigos en su país, como ese imputado (Antonio Espaillat), no debería pedirse la prisión preventiva como medida de coerción”, estimó.
Dijo que es una decisión del tribunal es correcta y que la misma debe servir como experiencia al órgano acusador para que tome en cuenta los presupuestos de los acusados al solicitar la medida de coerción.
En sus argumentos en la audiencia del pasado miércoles, la barra de la defensa de los Espaillat aseguró que ha arribado a acuerdos con más de 40 de las víctimas, quienes han desestimado la acción penal, incluyendo a la hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, Zulinka Pérez, quien habría recibido un cheque por un monto de un millón de pesos.
Los hermanos Espaillat son acusados de negligencia criminal, en violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.