Publicado en Nacionales, hace 1 día
Santo Domingo.- Las muertes de ciudadanos en alegados intercambios de disparos, justificadas por la Policía Nacional, pero calificadas por los defensores de los derechos humanos de ejecuciones extrajudiciales, o penas anticipadas y encubiertas, continúan siendo un método muy común de combate a la delincuencia que, ni siquiera una reforma policial que se encuentra en su segunda fase de aplicación, ha podido detener.
La mas reciente e innegable ejecución y que quedó grabada en cámaras de video vigilancia de la zona, registrado en Baní, provincia Peravia, en contra de un joven supuestamente perseguido por robo, incrementó a 105 el número de personas ultimadas por la Policía Nacional en circunstancias cuestionables en lo que va de año, superando en 15 la cantidad de casos ocurridos en el 2024, de acuerdo a cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para Manuel María Merecedes, defensor de los derechos de los humanos la reforma en la que se encuentra inmersa la Policía Nacional no surtido efectos positivos sobre todo respecto a la forma en que los agentes del orden abordan a los ciudadanos.
De igual modo, considera que, tanto la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, como el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, han hecho un flaco servicio a la ciudadanía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que, ante la ineficiencia de las autoridades, no solo someterá a la justicia a todos los involucrados en las denunciadas ejecuciones, sino que llevará estos casos ante organismos internacionales.