Publicado en Editorial, hace 24 horas
La República Dominicana, en su camino hacia el fortalecimiento democrático y el respeto a la ciudadanía, se enfrenta a una sombra persistente: las denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional. Si bien la labor de garantizar la seguridad ciudadana es fundamental y merece reconocimiento, no puede ni debe realizarse a expensas de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
Las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, e incluso, ejecuciones extrajudiciales, socavan la confianza pública en las instituciones encargadas de protegernos. Estas acciones, lejos de combatir la delincuencia, generan un clima de temor, impunidad y desconfianza que debilita el tejido social y obstaculiza el desarrollo del estado de derecho.
Se hace urgente que las autoridades dominicanas aborden esta problemática con la seriedad y urgencia que amerita. Esto implica una reforma profunda y sostenida de la Policía Nacional, que incluya una mayor capacitación en derechos humanos, mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas, y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes incurran en estas prácticas. La impunidad no solo perpetúa las violaciones, sino que también envía un mensaje peligroso: que los derechos humanos son negociables.
La sociedad civil, los organismos internacionales y los ciudadanos tienen un papel crucial en la denuncia y el seguimiento de estos casos. Solo a través de la vigilancia constante y la exigencia de justicia se podrá construir una fuerza policial que realmente sirva y proteja a todos los dominicanos, garantizando que el respeto a los derechos humanos sea el pilar fundamental de su accionar. El momento de actuar es ahora.