Publicado en Todo Incluido, hace 2 días
La situación en Haití, donde la violencia y la inseguridad han alcanzado niveles alarmantes, es tema de gran preocupación para la comunidad internacional, razón por la que República Dominicana y potencias mundiales, como Estados Unidos y Francia, debido a la dejadez, negligencia y complicidad, hoy sufren las consecuencias.
Actitud secundada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual no quiere asumir con responsabilidad este problema que está al borde de convertirse en un colapso social en el que los dominicanos seremos los más afectados.
“El ejercicio del poder sin propósito es como un barco sin timón, a la deriva y sin rumbo fijo”. Ante el grave trauma que sigilosamente abate al país vecino (Haití), el gobierno dominicano marcha como el ave sin rumbo y sin una brújula moral que guíe sus pasos para poner el país en vía de desarrollo, mucho menos para tomar decisiones cónsonas con el deber político y en resumidas cuentas, velar por la marcha real de la economía y la protección de la nacionalidad.
La complicidad con una minoritaria cúpula empresarial, aupada por el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) e instituciones de arraigo económico, influyen en las decisiones del presidente Luis Abinader, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia y la claridad en sus acciones.
El ejecutivo se ha divorciado de sus responsabilidades sin considerar como punto alternativo que: “La transparencia es fundamental para generar confianza en las instituciones, y la claridad en las decisiones es esencial para el bienestar de la sociedad”.
Sustentado en ese poder económico, el gobierno está priorizando sus intereses específicos sobre el bienestar general de la sociedad dominicana, esa misma que le dio el voto de confianza al presidente Abinader para liderar el país durante el período 2020-2024 y potencialmente reelegirse para otros cuatro años más, hasta 2028.
¿Cuál ha sido la respuesta del presidente ante esta situación?
En honor a la verdad, las decisiones del gobierno están dirigidas a proteger los bienes del sector que alberga al presidente sin importarle la estabilidad del país.