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¿Peligro o justicia electoral?

Publicado en Todo Incluido, hace 3 semanas

Manuel Valdez

Peligro: Es una amenaza real o imaginaria que compromete, o puede comprometer la integridad de la vida  de una persona, de sus bienes, o de un territorio.

Justicia: Es el principio de igualdad ante la ley.

Justicia electoral: Es la libertad de expresión, organización y participación social y política que debe tener un ciudadano garantizado entre sus derechos fundamentales a fin de que pueda de forma libre y responsable contribuir al fortalecimiento institucional mediante el servicio a la sociedad por medio de la participación en el escenario social y político.

Sobre estos derechos la constitución dominicana reza: Artículo 1. De la sección II sobre la ciudadanía.  “Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución.” Nótese: “Elegir”. No establece que deber ser por medio de un partido o una acción terciaria. Los partidos son instrumentos de la democracia cuando se abren a la participación ciudadana y sirven de garantes del orden público.

La constitución reza en el Artículo 8.- De la sección II, del Estado Social y Democrático. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Visto lo que dice la constitución nos sorprende entonces, la reacción de la clase política dominante ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libre postulación o candidaturas independientes, dándonos la impresión de que en la opinión de esos actores se soltaron los demonios. Han dicho que eso alentaría la corrupción en el sistema político, que sería penetrada por el narcotráfico y el crimen organizado, entre otras imprecisiones.

Tal parece que el Tribunal ha cometido un crimen de estado. Estas reacciones nos dicen lo alejado que  está  la clase política del corazón del pueblo. El sistema de partidos no ha resuelto los problemas nacionales, la clase política no ha sintonizado el dolor de nuestro pueblo, porque una vez se enquistan en el poder se olvidan del sufrimiento de la sociedad con políticas erráticas orientadas a satisfacer a grupos de poder en vez de resolver los problemas nacionales.

¿Cuál es realmente el peligro?

¿La sentencia del tribunal sobre la candidatura independiente o la incompetencia de la clase política para resolver los problemas estructurales y sistémicos de la nación?

El peligro es que esos políticos sigan hundiendo al país deuda y debilidad institucional, que no se pronuncian ante la invasión desde el vientre que tenemos con el caso haitiano, que nos les importa que estemos perdiendo el país entregando nuestros recursos naturales, y comprometiendo la integridad de nuestro territorio habiendo abandonado la frontera y forzar a nuestros campesinos a emigrar a las metrópolis creando cinturones de miseria.

El peligro son los feminicidios, el abandono de nuestra niñez, nuestra juventud desorientada; la desigualdad social, la violencia, la inseguridad, el pandillaje institucional, el hambre, el costo de la vida, el costo de la energía, la deficiencia en los servicios públicos y la pobreza extrema de una franja de la sociedad. En adición a estos males, forman parte de la estructura delictiva el narcotráfico, la economía sumergida, el crimen organizado, y la desnacionalización de la economía.

¿Cuántas elecciones se han robado las candidaturas independientes? ¿Cuántos candidatos ineptos han postulado? ¿En qué han dañado el sistema de partidos, o el régimen de derechos? Ese liderazgo político debería ponerse a prueba una vez más en unas elecciones verdaderamente representativas donde se les pueda ofrecer al país mejores opciones y así se sabrá si es que ellos son indispensables, y son los únicos dominicanos en condiciones de dirigir la nación.

La clase política dominicana debe revisarse a la luz de la media de abstención en cada proceso electoral. La sociedad debe sentirse reivindicada ante la posibilidad no solo de votar su voto, sino de usar el voto como instrumento de poder para elegir su destino.

La sentencia del tribunal es un paso de avance en el proceso de una reforma integral del régimen electoral de la República Dominicana a la luz de los grandes retos de la nación ante los escenarios de la geopolítica mundial.

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