Haití se nos impone: hay que admitirlo

En el año 2018, el gobierno haitiano de manera unilateral inicia los trabajos de construcción de un canal sobre el Río Masacre, que nunca contó con la aprobación del gobierno dominicano, el cual externó su inconformidad al gobierno haitiano, bajo el argumento de que el mismo era violatorio al tratado del año 1929 sobre el uso compartido del agua y al derecho internacional.

Aunque la construcción de dicho canal inició en el año 2018, se ha tomado, sin embargo, como punto de partida para el análisis de la incidencia del conflicto en las relaciones bilaterales, el mes de septiembre del 2023 que es cuando el gobierno dominicano impone el cierre total de la frontera tanto marítima, aérea y terrestre con el vecino país.

En el mes de mayo del 2021, la República Dominicana reitera su inconformidad con la obra, motivando ello a una llamada de advertencia del gobierno dominicano al haitiano de que la construcción de ese canal era una insensatez, de la que dijo es «una obra inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, la cual era una provocación que el Gobierno no iba a aceptar”.

Para enfrentar este impasse, ambos gobiernos deciden abrir un espacio de diálogo, conformándose una Mesa Técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza, en el marco de la Comisión Mixta Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, los trabajos nunca fueron detenidos y en estas condiciones, la Cancillería dominicana emitió un comunicado en el que reiteraba que esa obra violaba el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, por lo que debía detenerse antes de continuar con cualquier otro diálogo.

Es así que el gobierno dominicano, finalmente,  en fecha 11 de septiembre del 2023, decide tomar un conjunto de medidas que provocaron un rompimiento casi total de las relaciones bilaterales, tales como el incremento de la presencia militar en la frontera, la suspensión del visado y el cierre total de la frontera aérea, marítima y terrestre entre República Dominicana y Haití a partir del viernes 15 de septiembre del 2023.

Concomitantemente, con la disposición anterior, las autoridades dominicanas decidieron la suspensión de visado para los haitianos y el establecimiento de un control biométrico dispuesto por el gobierno dominicano y al que los haitianos se negaban al menos en el espacio donde se realizan las ferias comerciales fronterizas.

La respuesta del gobierno haitiano al gobierno dominicano sobre la ilegalidad del canal fue emitida en el escenario de una asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que su primer ministro sostuvo que su gobierno apoyaba en su totalidad la construcción de la obra y subrayó el “derecho soberano” de Haití sobre el uso de ese recurso hídrico de la misma manera que lo hace República Dominicana.

La verdad que lo que se procuraba con el cierre de la frontera dominico-haitiana, en cierto modo no surtió los efectos deseados, puesto que se puede inferir que el mismo constituyó un estímulo a las actividades ilícitas del contrabando y a la migración ilegal.

Todos los procesos de diálogos para resolver el conflicto han resultado infructuosos, ya que Haití siempre ha mantenido su posición de que el canal es legal y República Dominicana, mantiene lo contrario.

No cabe dudas que Haití le ha tumbado el pulso a nuestro país al pulverizar la oposición inicial de la República Dominicana a la construcción de un canal desviador de las aguas del río Masacre, que discurre a lo largo de la línea fronteriza.

Francamente, hemos admitido un quiebre de nuestros derechos soberanos al aceptar como un hecho consumado la obra secreta y unilateral para extraerle agua al Masacre y, peor aún, al consentir en el futuro el “manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas”, con todas sus imprevisibles consecuencias.

Todas las medidas tomadas por el gobierno dominicano a los fines de contrarrestar las acciones unilaterales e ilegales de Haití con la construcción de dicho canal, han ido a la deriva, y hoy día, además de imponerse Haití con la construcción del canal, resulta más avasallante la presencia de haitianos en nuestro país haciendo uso de los servicios públicos.

Además, el comercio bilateral fluye con toda normalidad en la frontera dominico-haitiana. Asimismo, se siguen otorgando miles de visas a haitianos que deciden venir a República Dominicana, tanto como turistas, como a asuntos laborales.

Presión

La presión migratoria que se ha venido dando en nuestro país está erosionando ya los servicios públicos, y a la vez, generando motivos de inseguridad para los dominicanos.

En el ámbito escolar, ya alrededor de un siete por ciento de los inscriptos en las escuelas públicas son haitianos. Una gran cantidad de dominicanos se quedan fuera de las aulas, para dar cupos a los haitianos.

En el ámbito de las consultas e internamientos en los hospitales públicos del país, el catorce por ciento sea de haitianos, y en el área de la maternidad se llegue a más de un 34 por ciento.

En fin, la migración irregular haitiana casi desborda los servicios educativos, los hospitales y el ambiente de seguridad pública.

Lamentablemente, al gobierno se le ha ido de la mano esta problemática migratoria, y según las evidencias mostradas, no nos queda más que admitir, con justa razón, que Haití se nos impone.