Publicado en Editorial, hace 3 meses
El reciente escándalo que involucra al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ha puesto una vez más en evidencia la profunda raíz de la corrupción en nuestro país. Este caso, que involucra graves irregularidades en un proceso de licitación pública, no solo afecta a una institución en particular, sino que socava la confianza de los ciudadanos en todo el sistema.
La corrupción en las contrataciones públicas es un mal endémico que drena los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. En el caso del INTRANT, las irregularidades detectadas en la licitación para la instalación de semáforos inteligentes no solo implican un despilfarro de fondos públicos, sino que también ponen en riesgo la seguridad vial de todos los ciudadanos.
Es inaceptable que proyectos de esta envergadura, que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas, sean utilizados para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar común. Este caso debe servir como un llamado de atención para que las autoridades tomen medidas enérgicas contra la corrupción y garanticen que los responsables sean llevados ante la justicia.
Pero la lucha contra la corrupción no es solo responsabilidad del gobierno. La sociedad civil también tiene un papel fundamental que desempeñar. Debemos exigir transparencia en la gestión pública, denunciar cualquier acto de corrupción que conozcamos y participar activamente en los procesos de control ciudadano.
Es hora de que la República Dominicana deje de ser noticia por los escándalos de corrupción y se convierta en un ejemplo de buena gobernanza. Solo así podremos construir un futuro más justo y próspero para todos los dominicanos.