Remuneración real de trabajadores baja 25%

En ese lapso de 17 años, el PBI se distribuyó en promedio en mayor parte (69.57%) para el excedente bruto de explotación y, en consecuencia, la menor parte (30.43%) para la remuneración generalmente precaria de la Población Económicamente Activa Ocupada Perceptora de Ingreso (PEAOPI).

La precariedad remunerativa de esta capa de esta población ocupada -compuesta fundamentalmente por ®propistariados® o, lo que es igual, trabajadores cuentapropistas más  salariados en empresas privadas, entidades públicas y unidades económicas de subsistencia radicadas en los campos y ciudades- se confirma por la bajada simultánea del ingreso real y de horas de trabajo.

Entre 1999 y 2015, la remuneración real mensual de los trabajadores ocupados descendió en picado 25.29% a 3,787 pesos de 5,069 (a precios de 1999), al mismo tiempo que el número de horas de trabajo semanales declinó tendencialmente 6.79% a 41.68 de 44.84. De esta forma, la pobre capacidad de compra tal tipo de renta de la canasta de consumo familiar de bienes y servicios, se desplomó de 85.70% a 60.88% a nivel nacional y de 62.85% a 43.41% en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional.

Este proceso de reducción real de los ingresos de los cuentapropistas y salariados y expansión de la pauperización de los trabajadores y sus familias se ha producido a causa de la estrategia del gran parte del empresariado de contraer los costes laborales (salarios directos más gastos en seguridad social) y capturar los incrementos de productividad laboral con el propósito de aumentar crecientemente la rentabilidad del capital.

En efecto, en base a 1999=100 puntos, la disminución de renta de los trabajadores se constata por el aminoramiento del ingreso laboral de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) a 74.72 en 2015; mientras la productividad real del trabajo, calculada mediante el producto interno bruto (PIB) por trabajador ocupado perceptor de ingreso, saltó a 157.38.

En otras palabras, la mayoría de los empresarios logró acrecentar sus beneficios tanto por el decremento relativo de 25.28 puntos de la renta laboral, como el incremento de 57.38 puntos de la productividad de los trabajadores.

Por tanto, resulta risible el planteamiento erróneo de determinados profesionales, profesores, investigadores y publicistas económicos locales -en general de orientación neoclásica y en particular friedmaniana- de que las bajas tarifas salariales reales rurales y urbanas obedecen a la supuesta falta de productividad laboral, la afluencia de migrantes haitianos en el mercado de trabajo nacional o la escasa instrucción escolar de las clases trabajadoras.

Finalmente, hay que destacar que la ejecución de políticas públicas económicas y laborales de la gestión de Medina-PLD ha conseguido revertir, en cierta medida, la dinámica de deterioro de las condiciones de vida y trabajo de las grandes mayorías de los salariados y cuentapropistas, tal y como se puede comprobar por los siguientes indicadores: la suba del ingreso mensual real por trabajador de 5.93% de 3,575 en 2011 a 3,787 pesos en 2015,  el repunte del poder de compra del canasto de consumo familiar nacional del salario mínimo legal mensual de las grandes empresas de 41.14% en agosto de 2012 a 42.51% en diciembre de 2015 y la monta mínima de la ponderación del ingreso laboral en el PBI nominal de 25.12% en 2014 a 25.58% en 2015.

En resumidas cuentas, el mejoramiento de las variables anteriormente descritas sobre la ocupación activa ocupada, la remuneración real de los trabajadores,  la productividad laboral y la misma competitividad empresarial demandan a corto, mediano y largo plazo una reforma de fondo del mercado de trabajo y reconversión del sistema de producción, inversión, comercialización, financiación y administración de las plantas industriales, plantaciones agrarias y negocios de servicios, basadas en ambos casos en la realza de las tarifas salariales reales, el reparto equitativo de las remontas de la productividad, la recalificación de la fuerza de trabajo, la revisión del Código de Trabajo, la redistribución de los ingresos y egresos fiscales a favor de las familias pobres, las capas proletarias, las comunidades marginalizadas, las grandes mayorías de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), las empresas competitivas y productivas y, por supuesto, los intereses nacionales y populares.