Suprema Corte rechaza medida coerción contra el canciller Roberto Álvarez

Santo Domingo.- La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible la solicitud de medida de coerción contra el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, por un alegado desacato a una orden judicial emanada del Tribunal Superior Administrativo que dispone  la reposición de una ministra consejera y de otros funcionarios consulares, así como  el pago de sus prestaciones laborales.

Los querellantes adujeron que  se han presentado   60 querellas    de  parte de funcionarios diplomáticos y consulares, así como de otros empleados que reclaman  que se ejecuten las decisiones judiciales que ordenan su reposición y el pago de sus prestaciones laborales dejadas de pagar desde  el 2020, que fueron desvinculados por el MIREX.

La exconsejera Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, quien se constituyó en actor civil y lo acusó de abuso de autoridad y atentado contra la libertad personal, logró que  mediante la sentencia TC-0362-19 del 18 de septiembre del 2019 , el Tribunal Constitucional  facultara  a la parte querellante a solicitar medidas de coerción en los casos de acción pública,  condicionado a la existencia de un proceso penal abierto (requisito de procedibilidad), lo contrario sería suplantar al Ministerio Público como responsable del ejercicio de la acción penal.

 Desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde el canciller se mantuvo en el alto tribunal, donde se conocieron varios insidentes presentados por la defensa.

El Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Fernando Quezada García, en su dictamen solicitó a la alta corte declarar inadmisible la solicitud de medida de coerción, bajo el argumento de que las conductas que se describen en la instancia no constituyen delitos penales.

La decisión íntegra de la sentencia será emitida el 21 de este mes, a las 10:00 de la mañana, por el juez José Ferrer, quien presidió la audiencia en jurisdicción privilegiada.

Pérez Ariza, representada por el abogado John Garrido, presentó por ante la  Suprema Corte de JusticiaCJ la solicitud directa de medida de coerción, por el canciller gozar de jurisdicción privilegiada, en su condición de ministro de Estado.

En tanto que la defensa del ministro estuvo encabezada por el abogado Tony Delgado, quien presentó  un medio de inadmisión de la solicitud de medida de coerción,  bajo el alegato de  que con el dictamen del MP quedó cerrada la pretensión de la parte querellante, más aún, cuando el actor civil  no objetó  la posición del MP.

Querellantes ante la Suprema Corte

Los abogados Tamayo Tejada y Luis Jiminián también representan otros funcionarios consulares desvinculados del Ministerio de Relaciones Exteriores beneficiados con la decisión del Tribunal Superior Administrativo, los cuales no han sido restituidos en el cargo ni se les ha pagado sus prestaciones, adujeron los togados.

Señalaron que tienen varias sentencias del TSE, con la calidad de la cosa juzgada, que ordenan la reposición y el pago de salarios atrasados a varios ex diplomáticos y que el canciller no ha obtemperado, burlándose del proceso y utilizando tácticas dilatorias e interponiendo acciones por ante el Tribunal Constitucional.

“Hoy lo tenemos sentado en el banquillo de los acusados por no acatar esas decisiones, convirtiendo sus acciones en abuso de poder, en violación a los artículos 114 y siguientes del Código Penal”, adujo.

Explicaron que, aunque hoy solo se conocieron tres casos, están apoderados de más de 60 expedientes de ex empleados de la institución que están pasando por la misma situación.

El primer caso que se conoció fue el de la señora Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, el cual fue declarado inadmisible y, luego se procedió con los procesos de los  querellantes Rafael Rodríguez y Víctor Acosta, ambos ex vicecónsules en Nueva York.