Dictan medidas de coerción contra tres venezolanos integrantes de red de trata de personas

Santo Domingo.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso medidas de coerción contra tres ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas para su explotación sexual, y que fue desarticulada en la Operación MC Girasol.

Contra los imputados Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz y Mario José May Mendoza, se dictaron tres meses de prisión preventiva, mientras que a Jhorman Derek Cortes Solano le fue impuesta una garantía económica de 500,000 pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica, informó este viernes la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

Los imputados fueron arrestados luego de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas, de nacionalidad extranjera, quienes manifestaron al órgano persecutor que estaban encerradas y que recibían maltrato físico como emocional, además de ser obligadas a sostener relaciones sexuales, a cambio de dinero, con clientes que visitaban el lugar donde estaban, todo ello en contra de su voluntad.

Las investigaciones también han revelado que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes de esta red criminal, indicó la PGR en la nota.

En su método de operación, la red se dedicaba captar víctimas para traerlas al país bajo la promesa de que tendrían trabajo y, una vez aquí, se les informaba de que habían contraído una deuda de 4,000 dólares, que debían pagar brindando servicios sexuales a clientes que lo solicitan, siendo además ofrecidas por medio de catálogos digitales a través de la red social WhatsApp.

Durante el allanamiento durante el cual se produjo la detención de los imputados, el Ministerio Público recolectó diferentes tipos de drogas ilegales, entre otras evidencia.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, por ser una organización criminal y la multiplicidad de víctimas, delitos tipificados y sancionados en la ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

En la audiencia, el Ministerio Público demostró al tribunal las implicaciones que conllevaría que a estos imputados no les fuera impuesta medidas que garantizaran que no van a sustraerse del proceso en su contra.

Por disposición del tribunal, la imputada Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz cumplirá la medida en el Najayo Mujeres y Mario José May Mendoza, lo hará en el CCR-17 de ese mismo centro penitenciario.