EU pide RD emita documentos a dominicanos ascendencia haitiana

Santo Domingo.- El gobierno de los Estados Unidos recomendó a las autoridades de la República Dominicana expedir documentos de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana que cumplan los requisitos respecto a la ley de naturalización de 2014.

En el informe sobre el tema que publica cada año, el Departamento de Estado explicó que el propósito es «protegerlos de la trata de personas».

En el documento, el secretario Antony Blinken instó a «aplicar plenamente la Ley 169-14» que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, «con el fin de reducir la vulnerabilidad a la trata».

Esa ley beneficia a los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio dominicano entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.

El Departamento de Estado también recomendó a las autoridades dominicanas «examinar de forma proactiva y sistemática» a las poblaciones vulnerables, ya sean migrantes, indocumentadas o dominicanos de ascendencia haitiana, para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención. Pide especial atención a los que se dedican a trabajar en los sectores de la agricultura y la construcción.

Exhortó, además, a garantizar la detección «sistemática y equitativa» de los indicadores de la trata de personas e instó a «enmendar la ley contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción en los delitos de trata con fines sexuales que impliquen a víctimas menores de 18 años, en consonancia con el derecho internacional».

La semana pasada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para modificar el artículo 3 de esta ley y explicó que la reforma propuesta procura, exclusivamente, fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de este delito.