Encuestas, su influencia en el electorado y el fraude electoral

Para abordar este ensayo sobre los temas propuestos, primero es crucial comprender el contexto y las dinámicas políticas de América Latina y el Caribe. En esta región, los fraudes electorales han sido una realidad recurrente a lo largo de su historia democrática.

Desde manipulaciones directas de votos hasta tácticas más sutiles como la compra de votos o el uso indebido de recursos públicos para favorecer a ciertos candidatos, los fraudes electorales han socavado la legitimidad de los procesos democráticos en muchos países de la región.

Este artículo está inspirado en el pensamiento de Fabrice Lehoucq, investigador, doctor en Ciencias Políticas, que ha profundizado en el fraude electoral y sensibilizar a los funcionarios electorales de su responsabilidad ante los ciudadanos.

Fabrice Lehoucq define el fraude electoral como el recurso a acciones clandestinas para alterar los resultados electorales; nadie que haya adulterado las urnas querrá dejar rastro de pruebas incriminatorias. Asimismo, el fraude constituye un difícil objeto de estudio para los científicos sociales porque las fuentes más copiosas para acometer la tarea, ya sea de testimonios o denuncias partidistas de chanchullos electorales, no son «objetivos». Los representantes de las juntas electorales y los delegados de los partidos políticos deben estar conscientes de sus responsabilidades.

El fraude electoral, la modalidad más perjudicial son los Fraudes Electorales Electrónicos, que consisten en la manipulación de sistemas de votación electrónica. En algunos países, se utilizan sistemas de votación electrónica que pueden ser vulnerables a la manipulación por parte de actores malintencionados. Esto puede implicar la alteración de los resultados de las votaciones electrónicas para favorecer a ciertos candidatos o partidos políticos. Difusión de desinformación en línea con el uso de redes sociales y otros medios digitales para difundir desinformación y manipular la opinión pública puede influir en los resultados electorales y la manipulación del registro electoral. El acceso no autorizado a bases de datos electorales y la manipulación de registros de votantes pueden alterar la composición del electorado y afectar los resultados de las elecciones.

Uno de los aspectos fundamentales que contribuyen a la perpetuación de los fraudes electorales es la influencia de las preferencias electorales medidas y publicadas a través de encuestas. Las encuestas de opinión desempeñan un papel crucial en la política contemporánea, ya que no solo proporcionan una instantánea de las preferencias del electorado, sino que también pueden influir en el comportamiento de los votantes y los actores políticos. Los gobiernos en ejercicio a menudo utilizan estas encuestas como herramientas estratégicas para orientar sus políticas y campañas electorales, e incluso para manipular la percepción pública de su desempeño.

Otra modalidad son los Fraudes Electorales por Uso Indiscriminado de Recursos Públicos y Narcotráfico, que consiste en la compra de votos. El uso de recursos públicos para comprar votos ya sea a través de pagos directos o mediante la distribución de bienes o servicios, es una forma común de fraude electoral. Esto puede socavar la voluntad del electorado y distorsionar el proceso democrático al favorecer a ciertos candidatos o partidos políticos. La coerción y violencia en algunos casos, los grupos vinculados al narcotráfico pueden utilizar la violencia y la intimidación para influir en los resultados electorales. Esto puede incluir amenazas contra candidatos o votantes, así como el uso de la fuerza para garantizar la victoria de ciertos candidatos.

Financiamiento ilícito de campañas: La infiltración del narcotráfico en el financiamiento de campañas políticas puede distorsionar el proceso electoral y comprometer la integridad de los resultados. El uso de fondos ilícitos para financiar campañas puede generar desigualdades significativas entre los candidatos y favorecer a aquellos con acceso a recursos ilícitos.

En muchos casos, esta manipulación de la opinión pública se extiende más allá de la esfera de la persuasión legítima y se convierte en un instrumento para perpetuar el poder de los incumbentes. El uso indebido de recursos tecnológicos para desviar el voto de manera fraudulenta es una manifestación moderna de este fenómeno. Estrategias como la manipulación de sistemas de votación electrónica, la difusión de desinformación a través de redes sociales y el uso de bases de datos para manipular el registro electoral son solo algunas de las tácticas utilizadas para obtener triunfos electorales ilegítimos e ilegales.

Las consecuencias de estos fraudes electorales son profundas y perjudiciales para la salud democrática de la región. La falta de credibilidad en el sistema electoral mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y socava los principios fundamentales de la representación política y la participación ciudadana. Cuando los ciudadanos perciben que sus votos no tienen peso real debido a prácticas fraudulentas, es probable que se desilusionan y se alejen del proceso político, lo que puede alimentar el descontento social y la inestabilidad política.

Además, los fraudes electorales perpetúan un ciclo de corrupción y falta de rendición de cuentas que socava el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Los líderes políticos que obtienen el poder a través de medios fraudulentos tienden a concentrar el poder en sus manos y a debilitar los controles y contrapesos institucionales que son esenciales para una democracia saludable, recientemente (ley 1-24 sobre Servicio Nacional de Inteligencia) aprobada por el congreso en República Dominicana da un mal indicio de esos males democráticos.

Los países de América Latina más afectados por la ocurrencia de fraudes electorales son, entre otros: México. Durante décadas, México ha enfrentado problemas de fraude electoral y corrupción política. Si bien ha habido avances en la democratización del país, persisten preocupaciones sobre la manipulación del proceso electoral y la compra de votos. Nicaragua: Bajo el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el presidente Daniel Ortega, Nicaragua ha sido objeto de críticas por irregularidades electorales, incluyendo la manipulación del proceso electoral y la supresión de la oposición política.

Venezuela: El gobierno del expresidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, ha sido objeto de acusaciones de fraude electoral y manipulación del sistema político para perpetuarse en el poder.  Honduras: Honduras ha enfrentado desafíos significativos en términos de fraude electoral y corrupción política. La controversia en torno a las elecciones presidenciales de 2017 generó protestas masivas y cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

Y Bolivia: En Bolivia, el gobierno del expresidente Evo Morales fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en las elecciones de 2019, que desencadenaron protestas generalizadas y finalmente llevaron a la renuncia de Morales. Las denuncias de fraude electoral y la falta de confianza en el proceso electoral contribuyeron a la crisis política en el país.

En conclusión, los fraudes electorales, la manipulación de encuestas, el uso indebido de recursos tecnológicos y otras prácticas antidemocráticas representan una seria amenaza para la estabilidad y la legitimidad de los sistemas políticos en América Latina y el Caribe. Abordar estos problemas requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Solo a través de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los actores políticos y la comunidad internacional se puede garantizar la preservación de la democracia en la región.

En resumen, tanto los fraudes electorales electrónicos como los perpetrados mediante el uso indiscriminado de recursos públicos y el narcotráfico tienen impactos significativos en la credibilidad del sistema democrático. Ambos socavan la confianza de los ciudadanos en la integridad y la equidad de los procesos electorales, lo que puede tener consecuencias perjudiciales para la estabilidad y la legitimidad de las instituciones democráticas.