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Publicado en Editorial, hace 1 mes
Con el vacío de poder que existe en Haití, no luce viable por el momento que la legitimidad de las instituciones del Estado pueda recobrarse y revalidarse a corto plazo.
Al quedar prácticamente desmantelada la autoridad que sostenía en pie el régimen de facto de Ariel Henry, todos los derechos naturales de ese pueblo han quedado desprotegidos.
Sofocar la guerra interna entre pandillas y policías y poner a andar una junta colegiada para emprender el camino de la organización de elecciones, no parece ser un objetivo fácil ni viable en corto tiempo.
Eso significa, desde ya, que resultará cuesta arriba a la diplomacia dominicana manejar las relaciones bilaterales formales con una junta provisional carente de legitimidad, a la que forzosamente tendría que reconocer de facto.
En un contexto como ese, ¿de cuáles instancias emanaría la autoridad y las garantías reales para mantener relaciones bilaterales y, por ende, suscribir acuerdos o compromisos mientras se busca una fórmula constitucional consensuada?
Conseguir ese consenso es otra de las piedras que se avizoran en el proceso hacia una reactivación de la maquinaria de gobierno y hacia el objetivo de montar elecciones.
¿Qué capacidad, como poder de facto, tendría esa junta provisional para ejercer sus funciones y, algo más, para actuar como legítimo representante del Estado haitiano?
En situaciones como esa, que en el caso actual luce inédita, pese a que en los últimos treinta años hubo quiebres de la institucionalidad, es factible que se profundice el estado de desobediencia popular generalizado que ya ha dado al traste con las últimas y pocas estructuras legítimas que allí existían.
Estos son aspectos que, por ahora, no se están tomando como prioritarios porque la urgencia es poner fin a las hostilidades y a las pandillas y buscar como reencarrilar al país por la vía institucional,
Pero, a futuro, será uno de los dolores de cabeza que tendrá la diplomacia dominicana y la de otros países para maneja las relaciones, el comercio y las normas de convivencia ante interlocutores no legitimados por la Constitución ni por cualquier otro recurso de la tradición política haitiana.
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