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Publicado en Nacionales, hace 2 semanas
Santo Domingo.- Requerir información, datos o estadísticas relacionados con el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional sería considerado como una grave infracción que tendría como consecuencia una condena de hasta 30 años de cárcel contra quienes violen la ley y que afectaría de forma directa a medios de comunicación y personal de la prensa dominicana.
Así lo propone un proyecto de ley sobre seguridad y defensa nacional en la República Dominicana depositado por la diputada Lourdes Aybar, del Partido Fuerza del Pueblo. El proyecto fue presentado en la Cámara Baja el 10 abril y aún no ha sido sometido a estudios en el órgano congresual.
Un repaso por la iniciativa muestra que la pieza, en su artículo 13, incluye 21 infracciones graves contra la seguridad nacional que incluyen el pedido de informaciones que se consideren necesarias para la planeación de la seguridad y defensa nacionales.
“Sería considerado como una infracción grave el requerir de la administración civil y militar, organizaciones gubernamentales, entidades privadas o personas físicas, datos, informaciones y estadísticas que se consideren necesarios para el planeamiento de la seguridad y defensa nacional”, reza de manera específica el proyecto de ley.
Los artículos siguientes establecen una serie de medidas sancionatorias contra quienes violen la ley que abarca la imposición de prisión, pago de multas, confiscación de bienes e inhabilitación.
De cometer una infracción considerada grave, como pedir información o datos sobre la defensa nacional, las personas físicas se enfrentarían a prisión por hasta 30 años y pagarían multas hasta 40 salarios mínimos del sector público.
Mientras que, si la infracción es cometida por una persona jurídica o empresa, las instituciones enfrentarían por lo menos nueve sanciones que abarcan disolución legal de la empresa, confiscación de los bienes procedentes del ilícito, cierre definitivo del establecimiento involucrado, inhabilitación definitiva de todas las licencias o permisos y la inhabilitación para participar en concursos públicos durante cinco años.
“En los casos referidos en la ley, los administradores y gerentes serán solidariamente responsables de infracciones y pasibles de las mismas sanciones”.
La propuesta legislativa tiene por objetivo regular el sistema de seguridad y defensa nacional, orientando de manera armonizada las capacidades y funciones de los organismos del Estado, de acuerdo a sus competencias, para así lograr una mayor eficacia en el establecimiento de una protección adecuada para el país.
Aparte de requerir información, otras infracciones graves, que también serían penalizadas, son los atentados a los intereses nacionales, el espionaje, el genocidio, crímenes de guerra, actos de injerencia extranjera, actos de sabotaje y complot contra el Estado. Además, movimientos sociales con tendencias antisistémicas, actos de usurpación del mando militar, uso de la frontera para amenazar al Estado, tenencia de armas químicas vedadas en la legislación y actividades para apoyar acciones terroristas.
Otras infracciones menos graves serían actos que impidan disfrute de los servicios públicos y los actos cometidos dentro del ámbito definido como zona de seguridad nacional.
Para sustentar su iniciativa, la autora del proyecto, consideró que la seguridad y la defensa del país tienen que ser definidas en función de su propio desarrollo político, económico, social, tecnológico y militar, por lo que dice es “impostergable” crear los mecanismos de evaluación y actualización de los riesgos y amenazas.
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